La vulneración de los derechos de las personas LGBTTTI hace más probables y más impunes los crímenes de odio

La vulneración de los derechos de las personas LGBTTTI hace más probables y más impunes los crímenes de odio

Por Julio Sandoval de Lado B

Los avances legislativos a nivel nacional y estatal para garantizar los derechos del colectivo LGBTTTI en México aún son insuficientes para evitarles la discriminación civil e institucional. En ese sentido, son todavía más escasos para prevenir el grado máximo de esa discriminación: los crímenes de odio, explicó el coordinador en el área de investigación en la organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, Samuel Jair Martínez Cruz, en entrevista para LADO B.

A nivel nacional, Puebla es una de las entidades que tienen un mayor atraso en temas legislativos de la agenda LGBTTTI, un rezago de aproximadamente 10 años con respecto a la Ciudad de México, que es lugar del país más avanzado en este sentido, según señaló hace unos meses la diputada local Vianey García.

Aunque en la entidad el homicidio con la agravante de odio por preferencia sexual está tipificado, en la Fiscalía General del Estado no existen los protocolos específicos para investigar estos casos, por lo que la mayoría son casos impunes. Además, la ley para cambiar la identidad de género está detenida desde su presentación en 2013 y  el matrimonio igualitario es posible únicamente en dos municipios.

Estos atrasos en Puebla se dan en un país, donde en teoría, el respeto a la diversidad y la no discriminación están establecidas desde la Constitución Política, en su artículo primero; existe una ley federal (y estatal)  para prevenir y eliminar la discriminación; y con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que no existe razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio igualitario, e incluso negarlo podría ser inconstitucional

Crímenes de odio, la máxima expresión de violencia contra la diversidad sexual

En el estado de Puebla, según el registro hemerografico elaborado por la asociación No Dejarse es Incluirse AC Vida Plena Puebla, 65 personas de la diversidad sexual fueron asesinadas de 1996 a 2019. En este año dos casos más fueron registrados, uno en abril y otro en mayo.

La incertidumbre sobre el número real de casos de crímenes de odio que se presentan en la entidad poblana, así como el poco trabajo legislativo en favor de los derechos del colectivo LGBTTTI hace más difícil que se haga justicia para las víctimas, manifestó a LADO B el presidente del Consejo Directivo de No Dejarse es Incluirse AC Vida Plena Puebla, Onán Vázquez Chávez.

Por su parte, Jair Martínez señaló que aunque Puebla no destaca entre las entidades con un mayor número de crímenes de odio (Letra S registró 17 crímenes de odio cometidos en el estado entre 2015 y 2019), no significa que se esté trabajando adecuadamente a nivel legislativo y judicial en el tema.

“No hemos reportado a Puebla entre las entidades más violentas, aunque sí hay presencia de casos; posiblemente hay muchos más casos de los que se registran, pero no se denuncian o no llegan a los medios, o quizá la violencia que se vive en el estado es de otra forma. Recordemos que la LGBTfóbia se manifiesta en múltiples formas, y el crimen de odio es la más violenta. Tampoco hemos visto que en Puebla se tenga un programa en marcha, propuesta de trabajo o un trabajo concreto respecto a los crímenes de odio”

El politólogo y activista poblano Juan Corona expresó a LADO B que hace falta voluntad por parte de las autoridades para tratar el tema, ya que incluso por el trabajo que ha realizado la sociedad civil por su cuenta, no se empezaría de cero y ya se tendría un gran avance al respecto.

«La ausencia del registro [de crímenes de odio] y de un protocolo de atención son una cuestión de falta de voluntad. Es muy importante que el fiscal actual incluya el tema de diversidad sexual, porque es importante saber quiénes fueron las víctimas que sufrieron un crimen de odio, porque a partir de eso se puede crear una política pública de atención al delito; si no tenemos ese primer registro, no se puede hacer una política de prevención».

De acuerdo con el monitoreo de crímenes de odio que realiza Letra S —elaborado a partir de una revisión hemerográfica, reportes de organizaciones locales y testimonios de familiares o personas cercanas a las víctimas, ya que no existe un registro oficial—, 2019 fue el año con el mayor número de asesinatos de personas LGBTTTI en el país desde 2015, pues se reportaron 117 casos en los que la orientación sexual o la identidad o expresión de género de las víctimas fue el motivo del delito.

“Esto nos habla de una seria crisis de violencia LGBTfóbica en el país”, dijo Martínez Cruz.

Al menos 47 de los cuerpos de las víctimas presentaban múltiples golpes y heridas, y en 26 de estos se podían observar marcas de tortura y/o estaban maniatados de pies y manos. Además, cinco de las víctimas sufrieron violencia sexual.

“El rasgo distintivo que caracteriza a los homicidios de personas LGBT es el ensañamiento con el que son cometidos. Los resultados del monitoreo dan cuenta de las múltiples violencias a las que fueron sometidas muchas de las víctimas”, se explica en el boletín del estudio de 2019 que se presentará formalmente este junio.

Jair Martínez señaló que el incremento de casos en el registro es multifactorial, y que se puede deber a que los medios le han dado una mayor cobertura al tema  o a que la población de la diversidad sexual ha ocupado más el espacio público.

“Nuestra ocupación del espacio público y nuestra visibilidad nos está costando la vida”, lamentó.

El registro también señala que hasta el 30 de abril de este año se han registrado 26 nuevos casos de crímenes de odio a nivel nacional. Esta cifra representa una disminución de 11 casos con respecto al mismo cuatrimestre del año pasado, lo que se podría deber a las medidas de distanciamiento social por la contingencia sanitaria, que han reducido la interacción social, explica en el documento el director de la organización, Alejandro Brito. No obstante, advierte que si no se planean acciones para prevenir estos delitos, los casos se podrían incrementar en cuanto se restablezcan las actividades.

Urgen políticas públicas de prevención y contra la discriminación

13ª Marcha del Orgullo LGBTTTI Puebla./ Foto: Marlene Martínez

Si bien el respeto a los derechos LGBTTTI no garantiza una correcta atención a los crímenes de odio, sí disminuye la probabilidad de que sucedan. En ese sentido, el panorama para el acceso al matrimonio entre personas del mismo sexo, el acceso al cambio de identidad sexogenérica y la tipificación de los crímenes de odio a nivel de los códigos penales, aún encuentra resistencia o es inexistente en muchos estados del país.

En la Ciudad de México se tienen los mayores avances en cuanto a la investigación y atención de  los de crímenes de odio: se realizan capacitaciones para sensibilizar a las personas encargadas de dar seguimiento a estos casos, se cuenta con protocolos y  una Fiscalía especializada. Además, en la capital mexicana se reconoce el derecho al cambio de identidad de género y el matrimonio igualitario. Sin embargo, es en la aplicación de las herramientas de procuración de justicia en donde se encuentra el problema. Y esta tendencia es nacional, dijo Martínez Cruz.

“A nivel federal el tema de crímenes de odio ha pasado desapercibido en cuanto a la procuración de justicia. Pese a que existe la figura jurídica en los códigos penales de algunos estados, ninguna Fiscalía registra víctimas de crimen de odio; pasa desapercibida la orientación o la identidad de género. Ninguna se ha puesto a atender o a identificar los crímenes de odio”.

Por ejemplo, pese a tener el agravante de odio en su código penal, Veracruz y Guerrero encabezan la lista en cuanto a crímenes de odio sucedidos entre 2015 a 2019, con 57 y 42 casos, respectivamente. En ambas entidades tampoco es posible el matrimonio igualitario y el cambio de identidad de género.

En la lista de entidades con mayor incidencia de crímenes de odio continúan Chihuahua con 38, Quintana Roo y  Estado de México con 24 cada uno, y Tamaulipas y CDMX con 23 cada uno.

Para Jair Martinez hace falta que no sólo se investiguen los crímenes de odio que ya ocurrieron, además se necesita que las asociaciones civiles y el Estado realicen procesos colectivos de sensibilización y de reducción de prejuicios. Asimismo, que se trabaje en la prevención del delito.

“Se trata de prevenir que estos crímenes sigan ocurriendo. Sólo se va a lograr a través de programas o campañas orientadas a la disminución del prejuicio. Si no atacamos las causas culturales de la violencia verbal, de las violencias simbólicas o de la exclusión en algunos espacios, difícilmente vamos a reducir los crímenes de odio”

Matrimonio igualitario y acceso al cambio de identidad de género

Marcha del Orgullo en Puebla, noviembre 2016./ Foto: Leo Herrera

Aunque en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional que en los estados no se reconozca el matrimonio igualitario, sólo en 12 estados se reformó el código civil para hacer efectivo este derecho en sus territorios: Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Nayarit, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Hidalgo, Baja California Sur y Oaxaca.

Por otro lado, están los estados donde esta reforma tendría que hacerse después de obtener una resolución judicial, y que aún así, no se han reformado los códigos, son 7: Chihuahua, Jalisco, Puebla, Baja California, Chiapas, Nuevo León y Aguascalientes.

En los 13 estados restantes, no se permite el matrimonio igualitario.

Respecto a las personas transgénero y transexuales, y pese a que son la población de la diversidad sexual que sufre más, el cambio de identidad sexogenérica sólo es posible en 10 de los 32 estados: Ciudad de México, Michoacán, Nayarit, Chihuahua (por vía judicial), Coahuila, Colima, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala -estos últimos 7 lo aprobaron en el último año-.