La protesta universitaria en medio del conflicto entre el Gobernador y la BUAP

#AlianzadeMedios | Por Ernesto Aroche y Axel Espinosa de Lado B

El apoyo institucional que las protestas estudiantiles habían obtenido -iniciadas por el asesinato de 3 alumnos de la carrera de Medicina de la BUAP y la UPAEP y un chofer de Uber-, se puso en riesgo cuando trabajadores, académicos e incluso el rector de la Benemérita, Alfonso Esparza Ortiz, pidieron a la asamblea universitaria 25/02 que permitieran el acceso a académicos y personal a la institución.

Ese mismo día, el viernes 28 de febrero, los estudiantes ratificaron su postura de que mantendrían el paro indefinido de labores y la toma de instalaciones hasta que no se cumplieran las demandas de mayor seguridad para los universitarios.

Mediante un comunicado que fue leído sólo ante dos medios de comunicación, Radio BUAP y Animal Político –sin opción a preguntas–, puntualizaron que las acciones acordadas por la asamblea no han impedido, ni impedirán las “actividades de carácter urgente, como aquellas que competen al área administrativa, con la finalidad de no afectar a terceros, pero manteniendo ciertas particularidades en determinadas áreas académicas”.

Ayer lunes 2 de marzo, a través de su cuenta de twitter (@asambleau2502) la Asamblea ratificó la postura de permitir el acceso a trabajadores administrativos a las siguientes instalaciones: Dirección de Administración Escolar, Círculo Infantil, Biblioteca Central Universitaria, Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) y ocho dependencias más.

Más confirmó, mediante otro comunicado, la liberación de varios accesos de CU y la aplicación de un protocolo de ingreso a cargo de la DASU, luego de una mesa de diálogo que sostuvieron con la Comisión Institucional de Administrativos.

Este lunes estudiantes de Medicina de la BUAP volvieron a salir a las calles, donde se encontraron con grupos de estudiantes de escuelas públicas como la Universidad Tecnológica, y privadas como la Universidad Benito Juárez o del Instituto Angelopolitano de Estudios Universitarios y juntos marcharon hasta la Fiscalía General del Estado.

Esta manifestación se inició casi a la par que la movilización de estudiantes de UNAM e IPN en la Ciudad de México

Se espera que sea el jueves 5 de marzo cuando se realice una gran marcha convocada por la asamblea 25/02 y el Comité Estudiantil Interuniversitario de Puebla, que involucra a 23 instituciones universitarias de Puebla. Esta marcha partirá de la Avenida Juárez y 21 sur a las 7am y concluirá en Casa Aguayo, sede del gobierno estatal.

“Se rompieron los acuerdos”

Fue en la tarde del viernes cuando comenzó a circular un comunicado firmado por “trabajadoras y trabajadores universitarios” y las oficinas administrativas de la universidad, pidiendo a los estudiantes “libre acceso” a las instalaciones tomadas, y proponiendo un “paro activo”.

En el documento se responsabilizó a los estudiantes que han tomado las instalaciones universitarias de un impacto negativo en la comunidad universitaria, pues se detuvo la emisión de la convocatoria para el proceso de admisión 2020, y podría retrasar el pago de la nómina de la primera quincena de marzo y subsecuentes, así como otras 18 actividades más.

Pasadas las 10 de la noche, desde el perfil de Facebook de la institución, se publicó un segundo comunicado, esta vez firmado por las y los directores y titulares de las secretarías de la institución sumándose a la exigencia de un “paro activo y propositivo”. Insistiendo además en que “la razón fundamental del movimiento es exigirle al gobierno que se esclarezcan los asesinatos de nuestros estudiantes y que nos garantice la seguridad y la paz social”.

El tercer punto de presión para la asamblea 25/02 llegó también desde las redes sociales, pues desde su cuenta de twitter, el rector Alfonso Esparza Ortiz (@alfonsoesparzao) publicó un comunicado afirmando que “el paro ha provocado una situación que afecta e impacta a toda la comunidad educativa que requiere contar con acceso libre y permanente a las instalaciones universitarias”.

Y planteó que si la asamblea decide mantener el paro indefinido, al menos se permita que los acceso de CU y el área de la Salud “sean retomados por la DASU”, e insistió en que la bandera del movimiento debe ser “la seguridad de las y los estudiantes y del personal académico y administrativo”.

Un trabajador administrativo consultado –y quien pidió la reserva del nombre– explicó que a la Universidad le preocupa que la asamblea ha comenzado a perder el control del movimiento, pues los acuerdos que se toman al interior no se respetan en las facultades y escuelas: “están reventando los acuerdos”.

Lo que es cierto es que los trabajadores de la DASU no se han retirado de las instalaciones universitarias, sólo que ahora, cuenta una estudiante, “están casi a nuestro servicio”.

Pero además, el movimiento que si bien empezó como una reacción al asesinato de tres estudiantes de medicina (solo uno de la BUAP) y un conductor de Uber, se ha convertido además en una válvula de escape para que broten otros problemas que la Universidad no ha resuelto.

Ejemplo de esto son los señalamientos de estudiantes universitarias sobre acoso por parte de académicos, como el que se ha señalado en la escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA).

El mismo tema de acoso ya ha puesto de cabeza a instituciones como la UNAM, que lleva semanas con facultades tomadas. Tal vez por eso la insistencia de las autoridades universitarias de centrar los reclamos en el tema de la seguridad en el estado para alejar la mirada de la propia institución.

Estado vs BUAP

La toma de las instalaciones universitarias y las manifestaciones estudiantiles se producen en medio de un conflicto declarado entre los directivos universitarios y el gobierno del estado que encabeza el morenista Miguel Barbosa.

Y si bien el enfrentamiento más visible se produjo cuando la Auditoría Superior del Estado (ASE) intentó auditar a la BUAP, lo cierto es que los rozones entre gobierno y universidad empezaron prácticamente desde la toma de poder de Barbosa.

El 12 de agosto del año pasado, dos semanas después de su toma de protesta, el mandatario estatal planteó la necesidad de que la universidad dialogara con los estudiantes rechazados, esto después de una manifestación realizada en el zócalo de la ciudad.

A finales de ese mes el gobernador volvió sobre el tema, pues Esparza Ortiz señaló como necesario incluir también el tema de seguridad, pues en su momento las denuncias sobre robo a estudiantes a los alrededores de diferentes facultades iban en aumento.

Barbosa dijo, citado por el portal MTP Noticias: “Tengo interés de hablar con él de la seguridad de los estudiantes, sí, claro que sí, de todo el manejo que se tiene sobre los asuntos financieros de la Universidad como el tema de los Lobos BUAP, tengo que saber, soy el gobernador, por eso tengo interés de hablar con él”.

Pero fue hasta finales de año cuando vino, hasta ahora, el principal embate del estado. El 5 de diciembre la ASE anunció a la BUAP el inicio de una “auditoría preventiva” que, de acuerdo con lo señalado por Esparza Ortiz, buscaba revisar el gasto realizado de todos los recursos, lo mismo federales, estatales y los que la propia universidad genera.

El dia 7 de enero la BUAP emitió un comunicado, avalado por las directivas de sus 43 unidades académicas, denunciando las irregularidades que acompañaron el proceso de la ASE, entre ellas que no notificaron la orden de visita como lo marca la ley, ni se identificaron debidamente para proceder, pues al iniciar la visita no exhibieron identificación alguna, además pretendía revisar recursos que “no son de su competencia, como los federales y los propios de la institución puesto que el único órgano legal para hacer revisión de estos recursos es la Auditoría Superior de la Federación”.

Y aunque la ASE es un órgano que depende del poder Legislativo, es decir un poder diferente al poder Ejecutivo, el gobernador no resistió la tentación de subirse al tema y declaró:

“El tema de la BUAP, y de cualquier órgano que maneje recursos, es que debe ser un órgano que rinda cuentas, eso es nada más ese esquema de que es inauditable una universidad porque es autónoma, eso no es cierto está ya perfectamente dilucidado por la corte», expresó.

Para principios de febrero Barbosa propuso al Congreso crear un órgano interno de control para la universidad pública el cual le permitirá, en caso de aprobarse, la revisión de distintos recursos que hasta el momento se niega entregar la BUAP a la ASE con el argumento de que no le corresponde auditar más allá de los recursos que el estado entrega como subsidio a la institución educativa.

El rechazo a la iniciativa también pasó por el Consejo Universitario el pasado 21 de febrero, ahí se determinó enviar al Congreso del Estado un exhorto en rechazo a la conformación del órgano de control al considerarlo ilegal.

Tras la votación sobre el repudio al órgano interno de control, los consejeros clamaron: “¡autonomía!”, “¡autonomía!”, según relató La Jornada de Oriente.

La reacción no fue bien tomada por el gobernador del estado, pues declaró a medios lo siguiente: “Que lo hagan, tienen derecho a expresarse, a pronunciarse, yo respeto esa forma de pensar, solamente que lamento mucho que sean manipulados por el rector, ¿cómo se llama, ¿cómo se apellida? Esparza, que por favor nunca nadie va a ganar una batalla en contra de la transparencia y la rendición de cuentas”.

Fue hasta el pasado miércoles 26 de febrero cuando en el contexto de las protestas por el asesinato de los estudiantes de medicina y el chofer de Uber que el gobernador Barbosa y el rector Esparza, acompañado por el rector de la UPAEP, Emilio Baños, dialogaron.

Al día siguiente de la reunión el rector Esparza sostuvo en una entrevista radiofónica: «más allá de las diferencias que tenemos, nuestra prioridad es la seguridad», e incluso se ofreció a marchar con los estudiantes. Esos mismos a los que ahora pide entreguen las áreas administrativas de la universidad y que no olviden que el objeto de la protesta es sólo la seguridad.