Inicia proceso de consulta para elección por usos y costumbres en Chilón y Sitalá, en medio de boicot gubernamental
La mañana del 12 de agosto, un grupo de personas lidereadas por agentes municipales de Chilón, secuestraron al antropólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Héctor Ortiz; y al traductor Alfonso Girón, para impedir que realizaran una consulta a comunidades indígenas, quienes desde 2017 iniciaron el proceso legal para que se les reconozca su derecho a elegir a sus autoridades por el sistema normativo indígena.
Autoridades del municipio de Chilón iniciaron hace dos meses una campaña para anteponerse al proceso encaminado por indígenas tzeltales de la zona de Chilón y Sitalá, que buscan terminar con el sistema de partidos políticos y cacicazgos políticos en la zona.
Para impedir sigan avanzando, en meses recientes las autoridades de Chilón, en encabezados por el alcalde Carlos Jiménez Trujillo, han recabado firmas amagando a las comunidades con suspenderles programas sociales, han realizado amenazas y acciones de desprestigio contra quienes consideran líderes del movimiento. El pasado fin de semana en que antropólogos y consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) acudieron a la región para iniciar la consulta a los pueblos indígenas, sumaron a su estrategia de boicot, bloqueos en caminos, reuniones discrecionales y a modo; y el secuestro de los antropólogos del INAH.
En junio pasado, los agentes del gobierno municipal iniciaron un recorrido en 1,060 comunidades que componen el municipio, cargando un formato en hojas blancas, donde se les pide a sus habitantes que coloquen su nombre, firma o huella.
En parte superior las hojas llevan la leyenda Rechazo total de elecciones por vía de usos y costumbres; “sí a las urnas por partidos políticos”. De acuerdo a la denuncia de habitantes de las comunidades, los agentes les demandaron se opongan a la consulta que forma parte del proceso para legar la elección mediante lo que se conoce “por usos y costumbres”.
En casos donde consideraron que la posición de la población es a favor de la elección de autoridades por el sistema normativo indígena, les pidieron que firmaran el formato, para que les entreguen recursos -como tinacos, despensas o becas- y sean beneficiarios de programas sociales.
En poblados y comunidades donde hay mayor simpatía al proceso que desde hace un par de años se inició para hacer valer el derecho indígena para la libre elección de autoridades, los agentes municipales tomaron una actitud agresiva, amenzando que perderían las obras sociales y programas de desarrollo si se llega a consolidar la elección por esa vía.
Su siguiente paso fue organizar asambleas, donde acusaron a la organización Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) y a integrantes de la Misión de Bachajón, formada por sacedotes y laicos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, de ser los autores intelectuales de la demanda para la elección de usos y costumbres.
“Si viene la consulta abrimos la puerta de nuestras casas, hay que dejar que hagan su trabajo, hay que avisar a nuestras esposas, es importante que sepan, si le preguntan si quieren usos y costumbres que digan que no quieren”, señalaron en una de las asambleas.
Los agentes del presidente municipal advirtieron: la elección para 2021 vamos a hacer por votación, por urnas (…) todos los partidos estamos acostumbrados elegir nuestras autoridades por las urnas, gracias al presidente (municipal) que nos brinda este espacio. Ejido San Sebastián está más unido que nunca, estamos con las grandes autoridades, con el gobierno. Rutilio Escandan nos dijo que hay mano dura para cualquier acto. Vamos a hacer actas en cada comunidad, con copia de credencial vamos a enviar a las autoridades”.
En este marco, consejeras del IEPC acompañaron a antropólogos del INAH encargados de la realización del estudio antropológico que se requiere para considerar factible la elección de autoridades municipales por el sistema de normativo indígena.
Sin embargo, el presidente municipal Carlos Jíménez Trujillo, les organizó ese día una reunión en una finca particular y a puerta cerrada. No se convocó a los indígenas que gestionan la elección por usos y costumbres, pero sí a agentes municipales con los que tenían acuerdos previos para rechazar el proceso.
Al siguiente día convocaron a una reunión que se celebró en la plaza de Bachajón, donde ante unos pocos presentes, los antropólogos del INAH debían presentar la metodología que seguirán para la consulta y el estudio. Este proceso se llevó a cabo de manera parcial porque autoridades municipales les impidieron usar el espacio público del lugar.
Un día después los antropólogos debían empezar a recorrer las comunidades, sin embargo agentes municipales promovieron un bloqueo carretero a la altura de la comunidad Joybé. Denuncias de los indígenas señalan que en el bloqueo personas armadas les impedían el paso, y la policía municipal se mantuvo de espectadora.
El lunes 12 secuestraron al antropólogo Héctor Ortiz y al traductor Alfonso Girón, para hacerlo firmar una acta en donde acreditan se suspende el estudio antropológico. Los trasladaron a la comunidad de Jet ha’ de este municipio en una patrulla municipal. Poco después los liberaron y ahí término la visita.
Los pobladores de Chilón y Sitalá denunciaron que estas acciones violentas les están coartando el ejercicio de su participación democrática y su derecho a la libre determinación.
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