El gobierno de México da la mano (y ficha) a centroamericanos

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio un giro de 180 grados al trato que ha dado México a los migrantes centroamericanos en los últimos años; sin embargo, la entrega de visas humanitarias y la promesa de opciones laborales es, un arma de doble filo, implica la entrega de información que puede usarse en su contra si quieren seguir su camino a Estados Unidos.

Texto: Ángeles Mariscal

Fotografía: Juan Carlos Calderón y Ángeles Mariscal

TAPACHULA, CHIAPAS.- Andrés Manuel López Obrador recuperó el espíritu del general Lázaro Cárdenas del Río, cuando abrió el país a miles de migrantes que huían de la dictadura de España. Setenta años después la historia se repite. La política migratoria mexicana dio un vuelco el pasado 17 de enero, y abrió la frontera a miles de migrantes de Centroamérica que huyen de la violencia, la pobreza y la represión.

La administración del tabasqueño quiere, según palabras de Tonatiuh Guillén López, comisionado del Instituto Nacional de Migración: “generar un nuevo paradigma del tratamiento de la población migrante en México”, y buscar el desarrollo conjunto entre el sur de este país y el triángulo norte de Centroamérica.

En cuatro días, desde que se hizo el anuncio, ya suman 4 mil 912 migrantes que en el puerto fronterizo de Suchiate tramitan la “tarjeta de visitante por razones humanitarias”, con la que podrán transitar y trabajar en México.

Si bien la expectativa de algunos migrantes es intentar establecerse en este país, otros utilizarán ese salvoconducto para llegar a Estados Unidos: “nuestro sueño no es el sueño mexicano, es el sueño americano”, argumentan. La diferencia es que ahora podrán seguir ese sueño sin la amenaza de ser detenidos y deportados en México.

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Candelario de Jesús Chiquillo Cruz camina libre por el puente que atraviesa el río Suchiate, donde apenas hace unos meses una reja cerrada y reforzada con alambres de púas le impedía atravesar. No hay policías como los que en al menos dos ocasiones se enfrentaron violentamente con los migrantes que querían pasar. Candelario no puede ocultar la sonrisa, tiene casi 50 años y en varias ocasiones ha intentado cruzar la frontera. “Es una oportunidad que se ha buscado por mucho tiempo”, dice, mientras sujeta el documento con el número 0000004155128 que le extendió el Instituto Nacional de Migración (INM). En unos días regresará a cambiar este documento por la “tarjeta de visitante por razones humanitarias”.

“México nos ha prometido una oportunidad de trabajo. Esto se agradece mucho. Yo soy salvadoreño y felicitó a México y sobre todo al señor presidente por la postura que él ha tenido para que pasemos legalmente al país sin ser perseguidos por migración. Lo que queremos es una oportunidad de trabajo. Nos dijeron que (la tarjeta) dura un año, luego la podemos renovar tres años más y pedir una tarjeta fija para quedarse en México, pero eso está en veremos, yo creo que con esta tarjeta ya es más que suficiente”, dice Candelario, quien quiere llegar a la Ciudad de México y buscar ahí trabajo.

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Sábado 19 de enero. Más de mil migrantes hacen una fila en el puerto fronterizo, para solicitar la tarjeta. Salvador de Paz, su esposa y tres hijos adolescentes están entre ellos. Mientras esperan, miran en un teléfono celular un portal de noticias, donde aparecen las fotografías de los 10 primeros migrantes que el día anterior recibieron su tarjeta. 

“Llama a Loany –otra de sus hijas que quedó en Honduras–. Dile que le ponga un saldo grande, grande a su teléfono, y que de inmediato se venga para acá”, pide el hombre, sin poder ocultar su emoción, a uno de los adolescentes.

“Nosotros queremos entrar a México de la mejor forma, queremos que sepan que nosotros no somos personas de peligro. Nuestro país tiene los más altos índices de delincuencia, nosotros venimos huyendo de esa violencia. Es duro dejar nuestra casa pero yo no quiero que mis hijos sean reclutados por las pandillas. México nos está abriendo las puertas y vamos a aprovechar esta oportunidad. ¡Gracias México!”.

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Tonatiuh Guillén López, el comisionado del INM, plantea la nueva política migratoria mexicana más allá de la coyuntura de las caravanas que desde octubre pasado han llegado al país.

“Hay una nueva política migratoria, que no tiene que ver con caravanas. Es una decisión soberana de México el construir un escenario de desarrollo entre el norte de Centroamérica y el sur mexicano. Vamos a crear nuevos documentos que abran el mercado laboral. No es un asunto de coyuntura”, explicó el pasado viernes 18, al entregar las 10 primeras tarjetas.

“Tendremos dos componentes de desarrollo en el sur de México, y de movilidad, donde tenemos otras figuras que ya existen y que van a ser extendidas a la población de Honduras y de El Salvador”, dijo, en relación con los permisos de trabajo (Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo-TVTF) que ya existen para personas de Guatemala y Belice que deseen trabajar en los estados de la frontera sur (Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo).

Con esta ampliación, dijo, se está reconociendo una dinámica de acercamiento progresivo con los países del norte de Centroamérica.

El gobierno mexicano espera en un primer momento dar salida a la presión actual que en este momento se tiene con las caravanas, para que su entrada sea ordenada, regulada y en condiciones de seguridad; y después construir y reforzar las condiciones de desarrollo conjunto de esta región, lo que implica el tránsito y trabajo.

Entre los casi 5 mil migrantes que se han acogido al programa, la mayoría proviene de Honduras, seguidos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua; y algunos de Haití y Brasil, explicó el INM.

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“El mexicano es muy déspota y, si puede, te jode”, dice sin miramiento un migrante hondureño de 42 años, que no quiere ser identificado, y que forma parte de unas 2 mil personas que la madrugada del día 18 decidieron entrar al país sin acogerse a la nueva política migratoria mexicana. Este grupo de migrantes continúa este fin de semana su paso por el estado de Oaxaca rumbo al norte del país.

El hombre asegura que ya ha trabajado en diferentes regiones de México, entre ellas la capital del país, y que, en general, los mexicanos han abusado de él y sus compatriotas.

“Yo no te digo que no ha habido mexicanos que me han tendido la mano, pero muchos otros tienen un trato déspota con los migrantes, te pagan lo que quieren, y si no te gusta, te despiden sin pagarte”, dice. Para él, quedarse en México, no es una opción.

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“Mira, mexicana, esa tarjeta que dicen que están dando no es para nosotros. Para empezar, nos están pidiendo nuestros papeles, nuestra identidad, y tú sabes que en nuestro país la situación no es fácil. Allá, o matas, o te matan… a nosotros no nos van a dar esa tarjeta”, asegura uno de los jóvenes que descansan en el camino.

Sus compañeros cuentan que en sus países tienen antecedentes penales. Algunos formaron parte de las pandillas. Otros tienen que finiquitar procesos penales, al momento inconclusos.

Y aunque el modo de recibir a las personas migrantes es muy distinto al de las administraciones pasadas, la obtención de datos continúa.  Al hacer el trámite de la tarjeta de visitante por razones humanitarias, el INM solicita la cédula de identidad que otorga cada país a sus ciudadanos, registra los nombres completos, edad, lugar de resistencia. También hace el registro de las huelas dactilares, el iris del ojo y toma una fotografía de los solicitantes.

De acuerdo con las leyes de migración, estos datos se cruzan con los de los países de origen, y si hay alguna alerta o requerimiento legal de la persona, esta debe ser deportada.

No es una política nueva. Desde 2008 con la Iniciativa Mérida, firmada por ambos países, el Departamento de Estado de Estados Unidos proporciona “equipos y asistencia de capacitación, incluidos equipos NII, kioscos móviles, equipos caninos y capacitación para funcionarios del Instituto Nacional de Migración en la región fronteriza del sur”. Esto está descrito en el informe Cooperación de Seguridad entre los Estados Unidos y México del 2015.

A 10 años de este plan, que básicamente se trata del apoyo de distintas agencias estadunidenses a México para “fortalecer a ambas sociedades en la lucha contra el crimen organizado y la violencia”, nuestro país ha recibido mil 600 millones de dólares asignados por el Congreso de Estados Unidos. A cambio de eso, el gobierno mexicano mantuvo una política de cierre de su frontera sur y deportó a miles de centroamericanos. Para muchos de ellos, el riesgo ahora es entregar a las autoridades mexicanas una serie de datos que puedan ser usados por el gobierno de Estados Unidos para perseguirlos.

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Otro impedimento para regularizar su paso por México son los requisitos para quienes viajan con menores de edad, o a los adolescentes que viajan solos. Deben acreditar la autorización de ambos padres para poder emigrar.

“Tengo tres hijos y su padre no vive conmigo, nos abandonó, sabes. Y también viene mi hermanita –de 15 años- conmigo, así que si yo hago el trámite en la frontera, nos deportan”, argumenta Joselyn Velázquez. Ella no tiene seguro el hecho de que le nieguen la tarjeta a ella y su familia, pero decidió no correr riesgos y avanzar con la caravana.

“Nuestro sueño no es el sueño mexicano, es el sueño americano”, gritan otros jóvenes mientras pasan corriendo a lo largo de la carretera internacional.

El INM decidió implementar con quienes componen la caravana una estrategia de “convencimiento y paciencia”. En los lugares donde se han detenido a pernoctar, agentes migratorios y autoridades les han insistido en acogerse al programa y solicitar las tarjetas de visitantes. Algunos han aceptado y regresaron hasta el puerto fronterizo a realizar el trámite.

Para quienes continúan, personal de protección civil y patrullas los acompañan, para evitar accidentes en la carretera y proporcionarles ayuda humanitaria. Hasta el momento, no se ha detenido ni deportado a ningún migrante.

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La nueva política migratoria mexicana está en proceso, pero ahora mismo ya cuenta con el visto bueno de organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En conferencia de prensa Pierre Marc René, oficial de comunicación del ACNUR, dijo que el Alto Comisionado reconoce la política migratoria implementada por el gobierno mexicano.

“El ingreso de esta caravana se da con los estándares internacionales para garantizar que sea ordenada, regulada y segura. Quienes están saliendo de sus países, huyendo de la violencia y la persecución, tienen derecho a tener protección internacional (…) nosotros estamos de acuerdo y apoyando la nueva política migratoria que tiene México, porque está enfocada en la protección de los derechos humanos de la población migrante”, explicó.

Por su parte, Christopher Gascón, representante de la misión en México de la OIM, aseguró que el gobierno de México se está esforzando en proteger los derechos de los migrantes.

“La OIM está trabajando en estrecha coordinación con las instituciones gubernamentales, en particular con el INM, para mejorar las condiciones de los migrantes que entran al país”, afirmó.

Este organismo hizo un llamado a los migrantes para que realicen su trámite migratorio “y puedan así garantizar su estatus, incrementar su seguridad, gozar de sus derechos y poder permanecer en México”.

A la ciudad de Tecún Umán, en Guatemala, la última frontera con México, continúan llegando migrantes de Honduras, donde ya hay una convocatoria para realizar un paro nacional que exige la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández; los migrantes prevén un posible golpe de Estado que acelere la migración.

“¡Fuera JOH!, ¡Fuera JOH!, ¡Fuera JOH!”, gritan algunos de los que tuvieron que salir de la tierra donde nacieron.