Grupo armado de Chenalhó se extiende hacia el centro de Chalchiuitán, denuncian afectados

Habitantes de Chalchiuitán viven amenazados por civiles armados. Foto: Ángeles Mariscal

Cinco comunidades que están en la parte baja de los limites entre Chenalhó y Chalchiuitán denunciaron al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la presencia de civiles armados. Piden medidas cautelares a fin de evitar desplazarse y abandonar sus viviendas, como lo están otras 9 comunidades de Chalchiuitán que fueron desplazadas desde el pasado 18 de octubre.

Pedro Faro, director del Frayba, explicó que los pobladores de Patkanteal, Pacanam, Lobolaltik, Kotolchij y Balunaco, reportaron haber recibido disparos, y por esta razón están en riesgo y valoran la posibilidad de desplazarse. Se trata de unas 2 mil personas.

Para el Frayba, el que los civiles armado extiendan su campo de acción es evidencia de la opacidad, parsimonia y complicidad por parte de las autoridades, quienes se han negado a desarmarlos y detenerlos.

Pedro faro explicó que en las reuniones que han tenido con el gobierno de Chiapas, en donde el centro humanitario funge como observador, la Fiscalía y Secretaría de Seguridad estatal han planteado que a esas dependencias “no les corresponde investigar estos delitos, sino al gobierno federal”.

Detalló que hay evidencias contundentes de las acciones de las acciones de las personas armadas, como el asesinato de Samuel Luna, las casas que tienen disparos con armas de grueso calibre, y el testimonio y desplazamiento de miles de personas que huyeron de las agresiones, en lo que aparentemente es la disputa por 363 hectáreas de tierras que han entre los límites de Chenalhó y Chalchiuitán.

“Pero a pesar de ello –señala- no se han hecho las diligencias para investigar, desarmar y detener a estos grupos. Eso hace cómplices a los gobiernos estatal y federal”.

Por otra parte, el pasado primero de enero la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) acompañados de autoridades de Chalchiuitán, desmantelaron en el poblado Tzeletic, una barricada que presuntamente servirían de escondite a los civiles armados, según dieron a conocer. Presentaron como evidencia algunas fotos de la barricada.

Sin embargo, habitantes de la región denunciaron que luego que salieron los militares del lugar, los civiles armados nuevamente empezaron a dispararles. Es decir, a pesar de la presencia del Ejército mexicano en la zona, estas personas siguen actuando.

El Frayba ha pedido la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se implementen pedidas cautelares a favor de la población de Chalchiuitán.