Indígenas zoques ponen en jaque a la industria extractiva en Chiapas, ganan batalla a la SENER

Pueblo zoque se organizó para detener el despojo de su territorio. Foto: Ángeles Mariscal

• Lograron la suspensión de la licitación para perforar 12 pozos de hidrocarburo. Ahora buscan la cancelación definitiva de los proyectos mineros, hidroeléctricos y de geotermia, que comprometen 180 mil hectáreas propiedad de pueblos indígenas.

Ángeles Mariscal

Chiapas. Cuando en agosto de 2016 el gobierno federal a través de la Secretaría de Energía (SENER) abrió a la iniciativa privada  la licitación para la exploración y explotación de hidrocarburos en Tabasco y Chiapas, dio por hecho que lograría el consentimiento de los poblados indígenas que, al menos en Chiapas, habitan las 84 mil 500 hectáreas donde proyectaban abrir 12 pozos para extraer gas y petróleo.

De acuerdo a testimonios de habitantes de 9 municipios donde se asienta el proyecto, para la SENER los procedimientos de consulta previa a la población -previsto en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, cuando se trata de impactar territorio donde habitan comunidades indígenas-, era un trámite burocrático que podía saldarse buscando que las autoridades comunales firmaran acuerdos de consentimiento.

180 mil hectáreas de tierra podrían destinarse a la extracción de recursos. Foto: Ángeles Mariscal

“Primero entraron a una comunidad (personal de la SENER y gobierno de Chiapas) supuestamente consultando, pero solo hablaron con las autoridades del poblado, con el agente municipal y el comisariado ejidal. Les dijeron que iban a traer muchos beneficios para la comunidad. Nosotros sentimos que algo no estaba bien y empezamos a investigar qué son las licitaciones. Descubrimos que estaban sorteando nuestra vida y nuestro futuro, que estaban disponiendo de nuestro territorio. Eso nos causó mucha rabia y mucho dolor”.

Pobladores de los municipios Chapultenango, Ixtacomitán, Ixtapanajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Francisco León, Tecpatán y Sunuapa, cuestionaron el proceso de consulta. Denunciaron que no estaban siendo informados de los alcances del proyecto, no estaban convocando a la población, no presentaron información sobre el impacto ambiental.

El resultado fue que el pasado 21 de junio la SENER pidió a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que retirara del proceso de licitaciones comprendido dentro de la ronda 2.2, la convocatoria para abrir los pozos en el territorio zoque.

La SENER argumentó que si bien la consulta se estaba haciendo conforme a derecho, “derivado del contexto social, político y económico”, ampliaba el plazo para el “diálogo” y la prolongación de la consulta.

Por tanto, en los hechos, sacaron de la licitación el proyecto de los 12 pozos de hidrocarburos. Advirtió la dependencia que esta es una medida provisional, ya que “previo consentimiento otorgado por las comunidades indígenas involucradas, podrían incluirse (la licitación para los 12 pozos) en futuras convocatorias”.

Las creencias religiosas fueron un factor de unión en la lucha contra el extractivismo. Foto: Ángeles Mariscal

“Ganamos una batalla”

La determinación de la SENER se dio a conocer la víspera de la marcha que indígenas zoques realizaron desde sus comunidades, a la capital del estado. Al llegar a la capital, reconocieron haber ganado una batalla.

“Ganamos una batalla pero la guerra sigue. El gobierno tuvo que reconocer sus propias inconsistencias en la consulta. Tuvo que reconocer que no están respetando sus propias reglas. Sin embargo  hay la posibilidad de que se habrá nuevamente la licitación. Por eso

estamos dando ahora este grito publico, porque las amenazas sobre nuestro territorio siguen”, detalló Basilio Díaz, uno de los tres mil delegados de las comunidades que se dio cita en la manifestación.

En el mitin que se llevó a cabo en el centro de la capital, los zoques dejaron claro que su objetivo es la cancelación definitiva del proyecto de extracción de hidrocarburos, pero también la anulación de las concesiones mineras, hidroeléctricas y geotérmicas.

“Sobre nuestros territorios la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno con un total de 70 mil hectáreas, de los cuales ya se encuentra en operación la Minera Frisco en Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim.

Extracción minera está activa en zona zoque. Foto: Ángeles Mariscal

“También está vigente la ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; un proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal que afectará 15 mil hectáreas; un geo-parque en el mismo Volcán con 2,400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago”, detallaron.

En total, más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos de los pueblos zoques, se encuentran amenazadas por los proyectos extractivos.

Enfatizaron que estos proyectos extractivos provocan desplazamientos migratorios, contaminación de suelo,  aire y manantiales, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de la producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública.

Un ejemplo es que de abrirse los 12 pozos, se pondría en riesgo de manera directa a 16 arroyos y 4 manantiales.

Líderes religiosos acompañan al pueblo zoque. Foto: Ángeles Mariscal

Articulación comunitaria

Los indígenas zoques explicaron que las comunidades afectadas han dispuesto a establecer un proceso de organización y articulación comunitaria. Esta quedó demostrada con la marcha que realizaron este día desde sus poblados de origen, hasta la capital del estado.

A la misma asistieron sacerdotes católicos, quienes son vistos como líderes morales de las comunidades. También se sumaron maestros e integrantes de organizaciones campesinas del estado, y observadores y defensores de los derechos humanos.

Los manifestantes entregaron al gobierno del estado un documento donde explican su posición ante la industria extractiva, y demandan se respete el derecho de los pueblos indígenas a la  autoconsulta y la libre autodeterminación.  Enfatizaron que el pueblo zoque declaró ya a sus territorios libres de proyectos extractivos, y para ello impugnarán ante los tribunales cualquier proyecto minero, hidroeléctrico, geotérmico o petrolero que se quiera asentar.