Texto: José Ignacio De Alba y Jade Ramírez Cuevas

 Fotos: Héctor Guerrero y José Ignacio De Alba

Gráficos: Arturo Contreras

CANANEA, SONORA.- El gobierno de Sonora les ofreció trabajo como barrenderos para que dejaran de buscar oro en los montes. Ellos, integrantes de la Unión de Gambusinos de El Parián y concesionarios de 500 hectáreas de tierra rica en mineral, rechazaron la oferta.

“Todo empezó porque encontramos un cerrito que tenía oro”, dice Francisco Serrano, el bigotón y corpulento líder del grupo de mineros artesanales.

A partir de entonces, acusa, el alcalde de Bacoachi, Adolfo Salazar Espinoza, y los ganaderos del Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe les cerraron el paso al lugar.

Bacoachi es un municipio al noreste del estado de Sonora, donde el oficio de buscar oro arañando la tierra pelea contra la explotación de minerales a gran escala. Durante 500 años, los pobladores de esta región han sobrevivido de la venta a pequeña escala. Con picos, palas, mazos y bateas, Serrano y su familia se van a los montes en busca de vetas de oro, un oficio que aprendió de su padre, y él, a su vez, de su abuelo, y del que puede sacar unos 200 pesos al día.

“Lo que debería de hacer el gobierno, en vez de quitarnos nuestras tierras, es enseñarnos cómo explotar más, que nos ayude a tecnificarnos”, lamenta el gambusino.

A 70 kilómetros al norte de Bacoachi, en Cananea, está la mina Buenavista del Cobre, explotada por Grupo México, la minera más grande del país y tercera productora de cobre del mundo.

El grupo de mineros artesanales, que aglomera a más de 100 familias, sospecha que el bloqueo a sus actividades tiene relación con los intereses del poderoso grupo empresarial: “Como es una concesión y saben que hay oro, a lo mejor quieren favorecer al grupo (México) o no sé a qué gente. Quitarnos a nosotros que les estorbamos para quedarse con la tierra”.

           Testimonio: Francisco Serrano

Un pueblo al que le creció un tumor

Grupo México tiene una extensión concesionada para explotación minera en Sonora de casi 6 millones de hectáreas, lo que representa el poder de usufructo de la tercera parte del estado, con una extensión equivalente a la superficie total de Michoacán.

En 1990, mediante una subasta, la empresa compró al gobierno mexicano la mina Buenavista del Cobre por poco más de 400 millones de dólares, una cantidad muy por debajo de su precio real, estimado en 3 mil millones de dólares.

La familia Larrea, propietaria del emporio, no siempre se dedicó a la minería. Su negocio, hasta 1990, estaba en la industria de la construcción. Ahora, la fortuna familiar proviene de la minería, con operaciones en México, Perú y Estados Unidos.

“La colaboración de los miembros del grupo empresarial con el régimen salinista les fue ampliamente retribuida; un ejemplo de esto fue la participación de muchos de ellos en el proceso reprivatizador”, sostiene la politóloga Marcela Briz en su libro El Consejo Mexicano de Hombres de Negocio. Surgimiento y Consolidación.

Grupo México es dirigido por Germán Larrea Mota-Velasco, un hombre conocido por su poca afición a la vida pública. En el Consejo de Administración figura Claudio X. González, uno de los empresarios más influyentes de México y que, paradójicamente, nació en Cananea hace 82 años.

Cananea es un pueblo de mineros, de hombres que regresan a dormir a casas de huéspedes con la nariz irritada y los ojos rojos. La mayoría de los habitantes son hombres. La prostitución y las peleas de cantina son cosa de todos los días.

Desde 1899, cuando William Cornell Greene fundó The Cananea Consolidated Copper Company y catapultó la extracción del cobre que abunda en la región, Cananea ha sido el centro minero más importante del país. Aunque su fama se debe a la huelga que iniciaron el 1 de junio de 1906 más de 2 mil mineros de origen mexicano contra los entonces dueños extranjeros de la compañía. La huelga fue sofocada rápidamente, pero en la historia mexicana se considera el inicio de la Revolución.

La mina y el pueblo de Cananea están juntos. Primero se abrió el socavón y después se asentaron los habitantes, que durante décadas se beneficiaron de la producción minera… hasta que llegó el Grupo México. Hoy, la tierra muerta ha crecido tanto y tan rápido que, visto desde el cielo, el pueblo parece tener un tumor. Su presa de jales (dónde se tiran todos los desechos tóxicos) tiene una superficie del tamaño del poblado entero. La cohabitación es tal, que todas las tardes suena una sirena que precede a la explosión de dinamita. El estruendo cimbra las casas y estremece a los habitantes.

Los nuevos mineros

Desde que Grupo México adquirió Buenavista del Cobre, la empresa dijo que compró una mina no un sindicato, cuenta Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65 del sindicato minero, convencido de que la empresa empeoró a propósito las condiciones de seguridad.

Lo cierto es que la relación laboral se modificó. En 2007, mil 200 trabajadores de Cananea anunciaron un paro de labores. Pero, como en porfiriato, los mineros llevaron las de perder: Fernando Gómez Mont, abogado corporativo de Grupo México, se convirtió en Secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón y “el gobierno se convirtió en abogado de la empresa”.

En 2009 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró terminada la relación laboral entre el sindicato y la empresa, y un año después, la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia. Luego, se adjudicó a la Confederación de Trabajadores de México el contrato colectivo de trabajo y Grupo México comenzó a subcontratar personal por medio de out sourcing.

Los nuevos mineros llegaron del sur, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Veracruz. Eran trabajadores sin arraigo en la comunidad y que poco saben del orgullo que representa para sus pobladores trabajar en la mina.

Las amenazas y las persecuciones judiciales disuadieron a los mineros en su protesta. La casa de Moisés Miranda fue atacada a balazos y él se libró de la cárcel con libertad condicional. “Algunas casas de compañeros las quemaron los esquiroles de la empresa”, cuenta el hombre, el último de una familia minera. La esperanza de que sus hijos heredaran su empleo -el mismo que tuvieron su padre y abuelo- se terminó en 2010, cuando Grupo México puso sus apellidos en la “lista negra” de despedidos. Ese año la empresa inició un plan de expansión para elevar 180 por ciento la producción de cobre hacia 2016.

Para los trabajadores, las condiciones de vida son peores. Un minero que lleva un año y medio trabajando en Buenavista del Cobre, con jornadas de 12 horas diarias y un sueldo que no le alcanza para mantener a su esposa e hijo, asegura que en el tiempo que lleva en la mina ha sabido de unos 15 compañeros muertos. Sólo entre marzo y mayo de este año hubo tres accidentes graves dentro de la mina: en el primero, un trabajador murió al caer en un molino que tritura piedra; el 20 de abril, otro minero se fracturó las dos piernas al caer de un trascabo; y dos semanas después, otros tres mineros fueron aplastados por un camión de volteo.

En su informe de 2014, el último disponible en línea, Grupo México no desglosa el número de accidentes en sus minas, sólo dice que la tasa de “accidentes incapacitables” y enfermedades en la división minera disminuyó entre 2012 y 2014. En cambio, presume acciones del “Tren de la Salud”, un proyecto filantrópico que es ampliamente publicitado a través de la cadena de cines Cinemex, que también es propiedad de la familia Larrea.

El peor desastre

El 6 de agosto de 2014 una represa de jales con químicos tóxicos derivados de la mina de Buenavista del Cobre derramó 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. La cuenca se pintó de rojo y cobre. La muerte de especies llegó hasta Hermosillo, a 296 kilómetros al sur, y la afectación alcanzó 7 municipios de la región.

El “desastre ecológico más grande de México”, como dijo Juan José Guerra, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afectó a 22 mil personas de la zona. Así lo reconoció, en una de las primeras reuniones, el abogado de la empresa, Horacio Sánchez Urzueta -ex gobernador de San Luis Potosí, ex diputado federal y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1972-. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora estimó las pérdidas económicas en 2 mil millones de pesos las pérdidas económicas. En cambio, Óscar González Rocha, presidente de Southern Copper, una de las mineras propiedad de Grupo México, respondió que decir eso era una exageración: “es el peor desastre en Sonora, pero a nivel nacional tenemos muchos”.

Un minero que estuvo presente en el derrame y que pide el anonimato, lo explica a su modo: “Ese ácido (el derramado) desbarata toda piedra que agarra, hazte de cuenta que más fuerte que la sosa o que el ácido muriático”. La empresa, dice el minero, “es consciente de lo que está contaminando”.

Un año después, la organización no gubernamental Poder (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación) documentó que el derrame fue ocasionado porque Buenavista del Cobre operaba sin acatar normas básicas de seguridad exigidas por la ley, como tener un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos supervisado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, la mina almacenó la solución de sulfato de cobre acidulado en instalaciones que estaban en construcción y no tenían sistemas de detección y control de derrames.

“La minera ha sido negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera”, concluye Poder.

A pesar del desastre, las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores se mantuvieron estables y no les suspendieron la concesión. Y un mes después del derrame, el 9 de septiembre, el equipo de prensa de Presidencia distribuyó una fotografía de Germán Larrea saludando a Enrique Peña Nieto en una reunión de Banamex.

En marzo de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a Grupo México con una multa por 23 millones de pesos, debido a que incurrió en 55 “irregularidades”; el monto representó 0.22 por ciento del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre del año. Además de la multa, Grupo México debió pagar 2 mil millones de reparación del daño, a través de Fideicomiso Río Sonora, que no llegó a los campesinos.

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Un despojo selectivo

En Cananea los coches están corroídos por el ácido que flota en el aire y las láminas de los autos empiezan a ponerse amarillas. Roberto González habitante del pueblo, cuenta que revierte el efecto en su camioneta lavándola con ácido de aluminio.

El kinder Charles Darwin tiene de vista en su traspatio un par de tinas donde se almacena ácido. María, una vecina del lugar, dice que los niños que toman clases ahí sufren de vómitos constantes.

La venta de productos regionales disminuyó entre 80 y 100 por ciento después del derrame; las familias tienen que gastar más en agua purificada, comprar productos foráneos que son más caros y movilizarse a ciudades aledañas para comprar productos que antes compraban en la región, según una estimación de costos del derrame elaborada por investigadores de la Universidad de Sonora.

Rosa Guayante, líder del Frente Femenil Cananense, explica que cuando remplazaron a los mineros, la producción de la compañía aumentó, pero también empezó a haber más contaminación. Relata que hace un par de años la pequeña huerta de cilantro y tomate en el jardín de su casa se secó. Ella jura que lo que mató sus plantas fue el aire enrarecido y el olor a huevo podrido que desprende una bodega donde se procesa molibdeno con sulfhidrato de sodio, a menos de un kilómetro de su casa.

Ahora, dice, a través del presidente municipal, la minera está promoviendo reubicar a 150 vecinos del lugar por las quejas de la contaminación. Ella no piensa irse y le puso precio a su casa: “50 millones”, dice entre risas. Aunque su resistencia sí ha tenido un costo: cuando sugirió a los demás propietarios el precio para vender sus viviendas, el Ayuntamiento la dejó de invitar a las juntas de negociación.

El historiador de la Universidad de Sonora, Juan Manuel Silva, ha dedicado varias investigaciones a los proyectos mineros en el estado. Uno de sus hallazgos importantes es que la contaminación, si bien no es hecha a propósito, las empresas mineras sí la han sabido capitalizar.

Los dirigentes sindicales cuentan, por ejemplo, que después del derrame, Grupo México compró las rancherías La Mexicana, El Cuatro, El Jaralito, El Alacán, La Morita, Las Tinajas y parte del ejido Los Nogales. Todos esos son lugares afectados por el derrame, pero también futuros terrenos de explotación minera.

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El 19 de febrero del 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, propiedad de Grupo México, una explosión mató a 65 mineros que quedaron atrapados. La minera se empeñó en decir que fue un “accidente”; han pasado 10 años y los cuerpos de los mineros no han sido rescatados. En Perú, donde Grupo México encabeza el proyecto minero Tía María, paralizado en 2015 por la inconformidad social de las comunidades indígenas de Arequipa, la represión gubernamental a la resistencia ha dejado cuatro personas muertas.

Son los antecedentes de una empresa que, en los hechos, no se ocupa de las condiciones mínimas de seguridad de sus trabajadores, ni de las afectaciones a las comunidades aledañas, que en lugar de vivir de la mina, como en el pasado, ahora son despojadas de su trabajo y de su tierra.

Grupo México es la empresa minera que más agua consume en el país con más de 90 millones de metros cúbicos al año, según el estudio sobre las concesiones de agua para las minas presentado este año por Cartocrítica y la organización alemana Heinrich Böll.

Bacoachi, dice su cronista, Zoila Salazar, significa río de víboras, pero ya no hay víboras. El nivel de agua ha bajado porque “bombean el agua, para surtir a Cananea y a la mina de agua y la mina la regresa a ese represo pero ya contaminada y envenena el nacimiento del Río Sonora”.

¿Qué costo tiene la empresa por estas afectaciones? En agosto, tras cumplirse dos años del derrame, Poder dio a conocer que Grupo México y sus subsidiarias “han utilizado todas las herramientas legales para evitar la entrega de información pública” relacionada con el derrame, por lo que la organización mexicana tuvo que acudir a las cortes de Estados Unidos y ha tenido que ser un juez de Distrito de Arizona, donde tiene su sede Southern Copper Corporation (la empresa matriz de Buenavista del Cobre), el que falle a favor de que Semarnat y la empresa entreguen información.

En México, en cambio, conforme a los datos obtenidos vía transparencia, la denuncia penal interpuesta por Profepa contra Buenavista del Cobre, “no ha causado estado”. Tampoco hay detenidos. Y por la solicitud de información realizada para este reportaje, la investigación fue clasificada bajo reserva por cinco años.

Quizá en el año 2021, las 22 mil personas afectadas puedan conocer qué fue lo que sucedió el día que los ríos se espesaron de color rojo.