Nuevo gobierno, nuevos desplazados y políticas públicas ausentes

Continúan imparables los desplazamientos forzados en Chiapas. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO

Los desplazamientos forzados originados por diversas causas continúan a la alza. Al menos una docena de nuevos grupos se vieron obligados a abandonar sus comunidades en 2012. Otros seis se sumaron en lo que va de 2013, al inicio del gobierno de Manuel Velasco.

Entre ellos se encuentra una docena de familias originarias de las comunidades de Tzajalá, Balhuitz y Yaxlumiljá, municipio de Teopisca. Ellas fueron expulsadas el 22 de enero de 2013, a causa de diferencias políticas con el resto de los pobladores. A la fecha se encuentran habitando en refugios temporales en San Cristóbal de las Casas.

El desplazamiento forzado más numeroso de este año, es el de comuneros de Venustiano Carranza, son más de 500 personas, la mayoría niñas y niños. Otros desplazados por diferencias religiosas de la zona indígena de Los Altos, se tuvieron que refugiar en San Cristóbal de las Casas. Por el momento reciben apoyo del gobierno estatal para su alimentación.

Un caso especial es el de los indígenas que purgaron diversos años de cárcel luego de ser acusados de participar en la masacre de Acteal (diciembre de 1997), y al ser liberados por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),  el gobierno estatal les pidió no regresar a sus comunidades de origen, «para evitar un nuevo conflicto».

Para ellos se destinaron recursos para instalarlos en nuevos predios, y dotarlos de casas y terrenos para cultivo en otros municipios como Villacorzo. Viven una situación privilegiada si se le compara con quienes permanecen en albergues.

Políticas públicas ausentes

Legisladores locales de Chiapas, entre ellos Rhosbita López Aquino, presidenta de la Comisión de Población, y un representante del Senador  Zoé Robledo, sostuvieron el 8 de febrero de 2013 una reunión con representantes de los desplazados.

Ahí se comprometieron a impulsar la creación del Consejo y Reglamento de la Ley de Desplazados estatal; e impulsar la aprobación de la iniciativa de Ley Federal para Desplazados. Seis meses después el compromiso sigue sin cumplirse.

Tampoco el gobierno estatal, que encabeza Manuel Velasco Coello, ha convocado a los tres poderes de gobierno y de los grupos afectados, para constituir el Consejo de Atención y el Reglamento.

La iniciativa federal del Senador Zoé Robledo también espera su debate en las Comisiones de Gobernación y Derechos Humanos del Senado de la República, quienes no han sesionado ni dictaminado sobre el tema.

Robledo explicó que para avanzar en la iniciativa de ley a nivel federal, deberán realizarse una serie de foros donde se convoque a todas las partes a platear sus propuestas, «considerando las causales que originan los desplazamientos en otros estados de la República, y retomando los lineamientos que ha propuesto el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)».

Propone crear un registro nacional de desplazados, un fondo de operación, un  consejo de atención y un reglamento; condiciones que garantizarían su operatividad y permitan una solución de fondo a la problemática.

Por el momento, con lo único que cuentan los desplazados forzados de Chiapas, es con un gobierno indolente, promesas verbales, y una Ley que no opera.