Liberados de la masacre de Acteal, de la cárcel al destierro

“Sólo Dios sabe quién es el provocador”, argumentan para exonerarse, los indígenas liberados por la SCJN. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO

La inacción de la justicia para sancionar a quienes masacraron a 45 indígenas en Acteal, impide recomponer el tejido social en esa región de Chiapas y el retorno a sus hogares de quienes fueron acusados de ser los autores materiales, y hoy ya se encuentran libres.
Lorenzo Ruiz Vázquez, preso y liberado 13 años después, cuenta su versión de la historia. Dice que en diciembre de 1997, pocos días después de la muerte de los 45 indígenas, a él y otros indígenas de Chenalhó, municipio donde se encuentra Acteal, los llevaron con engaños a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chiapas.

Narró a Chiapas Paralelo que representantes del gobierno de Chiapas les pidieron que se presentaran a “un diálogo”, sin embargo no llegaron a Palacio de Gobierno. Los trasladaron directamente a las instalaciones de la PGR, donde un Ministerio Público les dijo que estaban acusados de los delitos de homicidio, lesiones y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Luego los llevaron a un penal, en donde a los pocos meses recibieron condenas de entre 36 y 39 años de prisión, como autores materiales de los hechos ocurridos en Acteal.

En ese lugar permanecieron 11 años. Sólo 6 de los detenidos aceptó ante un juez su participación directa en la muerte de los 45; el resto argumentó en todo momento que eran inocentes de estos hechos. Años después  la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), tomó su defensa e interpuso ante la SCJN un juicio de reconocimiento de inocencia.

En 2009 ganaron el caso y la Corte ordenó la liberación inmediata de un primer grupo de 14 personas. El máximo órgano de justicia en México argumentó que se cometieron diversas irregularidades y violaciones a sus derechos “de presunción de inocencia”, en el juicio que se llevó a cabo contra los indígenas acusados de la masacre.

Lorenzo, sentado en una sencilla silla de madera, en la habitación que da acceso a un vecindario donde él y otros liberados viven, recuerda que al salir de prisión, la noche del 12 de agosto de 2009, lloró. Primero de alegría a saber que saldría de prisión, y después de tristeza, cuando le informaron que no podría regresar a su comunidad de origen, ni acercarse al municipio de Chenalhó.

“A los ojos de la comunidad ellos son culpables”

Esa noche de agosto, de la prisión fueron trasladados a un hotel, y de ahí a una reunión con el entonces Secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, quien narró lo que sucedió ese día: “Esa libertad generó una gran expectativa en Chenalhó. Recibí llamadas de los sobrevivientes de la masacre, integrantes de la organización Las Abejas, y de organizaciones preocupadas por lo que pudiera pasar”.

“Era muy riesgos su regreso a Chenalhó. Ellos (los liberados) estaban preocupados por su propia seguridad. Yo les dije que su presencia generaba gran temor entre los sobrevivientes de la masacre, porque les siguen atribuyendo la responsabilidad de las muertes. Porque una cosa era la exoneración legal que les otorgó la Corte, y otra la percepción social sobre su inocencia”, explicó.

El escenario -señaló Castañón León casi 4 años después de la primer liberación- ese resentimiento que generó su liberación podría generar que fueran agredidos; o ellos agredieran. Y cualquier incidente, cualquiera de ellos que hiciera algo o le hicieran algo, podría detonar una nueva confrontación de grandes magnitudes, por este caso tan doloroso.

“Los invité a que juntos reflexionáramos. Ellos plantearon que sus familias y sus tierras estaban allá, y que sólo sabían trabajar la tierra. Decidimos hacerles una oferta: si ellos decidían libremente no regresar a Chenalhó, los podíamos reubicar. Aceptaron, firmamos un convenio”.

El convenio entre autoridades y liberados establece que por ninguna circunstancia ninguno de ellos podrá  ir Chenalhó y sus comunidades. A cambio el gobierno les otorgaría tierras de cultivo, una casa y proyectos productivos “que ellos mismos eligieron”.

Estos bienes, explica el ex Secretario, se dieron en comodato (figura que establece que puede hacer uso de los recursos, pero no tienen la pertenencia legal de ellos) por 5 años. Al término de este periodo, en el que se espera logren el arraigo en el nuevo lugar de residencia, los bienes pasan a su propiedad.

“Nos costó mucho encontrar las tierras que fueran al gusto de ellos, pero debíamos hacerlo para garantizar que no al poco tiempo abandonaran ese lugar y regresaran. Fuimos avanzando poco a poco, construir una vivienda y dotarles de servicios. Los capacitamos en algunas labores y buscamos que tengan un modo de vida que les dé estabilidad en los lugares donde ahora están”.

Este mecanismo para impedir su retorno a Chenalhó, se aplicó con los siguientes indígenas exonerados en cuatro resoluciones de la Corte. La más reciente fue el 10 de abril de 2013, cuando ordenó la libertad de 15 personas más, con los que sumaron 73.

“Sólo Dios sabe quién es el provocador”

Nicolás Hernández Pérez fue liberado en febrero de 2012. Él sostiene que aceptó firmar el acuerdo que le impide regresar a su poblado, “para no caer en la provocación”. Nicolás y otras 14 personas aún no logran encontrar un terreno que se ajuste a la expectativa que tiene para formar un nuevo hogar y asentarse física y emocionalmente.

El indígena tzotzil señala que su principal desequilibrio ahora es la desintegración familiar que ocasionó su encarcelamiento y posterior destierro: “Seguimos buscando un terreno donde construir una casa, mientras vivimos en la capital de Chiapas, en una casa rentada por el gobierno. Pero es difícil para nosotros, sobre todo porque nuestras esposa e hijos siguen en Chenalhó, y los hijos ya no quieren vivir en otro lugar, en otras tierras, en otro clima”.

Él considera que no encuentra el motivo para este destierro. “Nosotros no tenemos ningún rencor, cambiamos nuestra forma de pensar y actuar cuando estuvimos en prisión…  Allá ellos (los sobrevivientes de Acteal) si nos guardan rencores”.

Jacinto Árias Cruz, quien fue presidente municipal de Chenalhó cuando se cometió la masacre, alcanzó su libertad este 10 de abril. Entrevistado en un hotel donde permanecen junto con sus compañeros, en espera de encontrar un nuevo hogar, dice que aún no logra hacerse a la idea de lo que para él es un destierro de su lugar de origen.

“La cárcel no es juguete, abandona uno a la familia. No pude darles estudio a mis 11 hijos, que quedaron muy pequeños. Ahora no sabemos si vamos a regresar. No lo asimilamos. Aceptamos firmar el acuerdo pero no me siento contento porque quedo distanciado de mi familia. Es un destierro”.

Jacinto Arias sostiene que antes de la masacre pidió ayuda al entonces gobernador de Chiapas, Julio Cesar Ruiz Ferro, para detener la violencia en la región. No lo logró “y me castigaron injustamente”.

El ex alcalde tampoco ha logrado encontrar la reconciliación en su interior. En la entrevista insiste que la violencia que generó en la masacre de los 45 indígenas, fue derivada de “por las organizaciones”, entre ellas el EZLN. “A ellos (los sobrevientes) les gusta la organización, les gusto asociarse con las personas que no les gusta vivir en paz. Antes de eso todos vivíamos tranquilos”, señala.

A 15 años de estos hechos, las heridas emocionales no cierran ni para los sobrevivientes de la masacre, ni para quienes fueron acusados de perpetrar la masacre.

“Nosotros oramos por ellos, para que Dios los perdone por lo que nos hicieron. Nosotros no nos enojamos, pero sólo Dios sabe quién es el provocador. Porque los que acabamos de salir no vamos a hacer nada, ya vivimos en la cárcel lo peor que nos puede pasar. No tenemos en la mente hacer cosas malas, queremos que haya paz para poder vivir tranquilamente”, sostiene Jacinto Arias, al estilo de los líderes de la Iglesia Evangélica a la que pertenece. (*)