«Ahora si, ya no pudimos regresar»: desplazados

Miles de afectados por el desplazamiento forzado en Chiapas carecen de condiciones para su retorno. Foto: Ángeles Mariscal/ChiapasPARALELO

A sus 38 años de edad, Delia de la Torre tuvo que abandonar en tres ocasiones su casa ubicada en la Barrio San Francisco, del municipio Venustiano Carranza.

“Tendría yo como 9 años cuando fue la primera expulsión fuerte que se dio en Carranza. Salieron unos cien comuneros con sus familias, entre ellas mi tía y sus hijos. Mis papás también quedaron expulsados, pero a los pocos días nos permitieron retornar. Otros grupos no, y tuvieron que buscar nuevas tierras para vivir”.

El 5 de mayo pasado, Delia no obtuvo la misma oportunidad. Ella y otras 520 personas -entre niñas, niños, mujeres y hombres, todos indígenas tzoziles- fueron expulsadas, en el marco de la disputa por los bienes comunales, entre ellas unas 50 mil hectáreas de tierra, y decenas de reses.

Pasados más de tres meses de estos hechos, Delia dice que ya se resignó. “En las otras expulsiones los líderes comunales hicieron falsas acusaciones, de que se pretendía dividir a la comunidad, que los expulsados estaban pagados por los caciques, y no permitieron el retorno sin que ninguna autoridad interviniera. Ahora se repite la historia y nos tocó a mi familia. Ahora sí, ya no pudimos regresar”.

Delia y sus hijos pasaron a formar parte de los seis grupos de poblados que en 2013 han sido víctimas de desplazamiento forzado. Al momento viven en un albergue en la capital de Chiapas, esperanzados en la promesa del gobierno estatal de que les va a comprar nuevas tierras.

PNUD inicia programa de Atención

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) instrumentó en 2010 el proyecto para la prevención de conflictos y construcción de paz, con la población desplazada por el conflicto armado del EZLN. El primero y hasta el momento, el único que ha operado en México.

Durante dos años trabajó con “un pequeño sector” de esta población, con acciones de prevención de conflictos, construcción de paz, e implementación de programas de desarrollo, explicó Oscar Torrens, quien fue director del programa.

El PNUD también impulsó procesos organizativos entre los desplazados, quienes formaron la Coalición de Organizaciones de Desplazados.

Entre los logros  más importantes que se obtuvo –señala Torrens- fue el que se reconociera constitucionalmente la figura de desplazado. Para diseñar esta Ley se conjuntó la experiencia y conocimiento de desplazados, activistas, académicos, autoridades del gobierno local y legisladores del estado. La propuesta derivada se presentó al Congreso de Chiapas, quien probó en febrero de 2012 la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, la única que hasta el momento existe en México.

Sin embargo, a un año de su creación de esta Ley, el instrumento legal se hizo inoperante porque el entonces Ejecutivo estatal, Juan Sabines Guerrero,  incumplió el mandato de crear en un plazo no mayor de 60 días luego de aprobada, el Consejo de Atención y el Reglamento de la ley, explicaron a Chiapas Paralelo integrantes de la Coalición de Organizaciones de Desplazados.

Para aplicar la Ley de Desplazados debe crearse el Consejo Estatal de Atención a Desplazados, y elaborar el Reglamento de dicha legislación.

“La ley indicaba que en un plazo de 60 días a partir de su promulgación, el gobierno chiapaneco iba a crear estos mecanismos, lo que no ocurrió. Ahora esperamos que la nueva administración que entró en funciones en diciembre pasado retome el asunto”, refirió Torrens.

“Sólo se tocó la punta del iceberg”

En febrero de 2013 el PNUD dio por concluido el programa de atención a desplazados. Al finalizar, Óscar Torrens explicó que con el proyecto “sólo se tocó la punta del iceberg, porque faltó voluntad política por parte del gobierno chiapaneco, para reconstruir el tejido social, y crear un ambiente de paz social que permitiera el retorno o una solución duradera a la problemática”.

“En la mayoría de las zonas de desplazados se vive una paz tensa. Los conflictos siguen estando ahí debajo de la mesa, y pueden volver a detonar en cualquier momento, porque siguen habiendo contradicciones de tipo económico, social y político”, valoró el ex director del programa del PNUD.

Detalló que por ejemplo en la zona norte de Chiapas, los grupos que en algún momento estuvieron armados, como paramilitares de la organización Paz y Justicia (conformados desde 1995) “siguen organizados, y si bien de momento no tienen una actitud beligerante, autoridades municipales abonan a fomentar las divisiones y crear nuevamente un conflicto”. Fomentan la división intercomunitaria, y segregan a los desplazados de los programas de atención y desarrollo, sostuvo Torrens.

“Los desplazados por el EZLN que están en la zona de Ocosingo tampoco tienen posibilidad de regresar, porque en la mayoría de los casos sus tierras ya están ocupadas”, detalló.

Expertos y víctimas del desplazamiento forzado consideran que la aplicación de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, y la aprobación de una iniciativa federal semejante -que presentó el Senador Zoé Robledo al Congreso de la Unión en diciembre de 2012- podría crear las condiciones para atender y prevenir esta problemática; tanto en Chiapas, como a más de 160,000 personas desplazadas de los estados del norte del país, resultado de las acciones de la delincuencia organizada.