Pedro MATÍAS/Paulina RÍOS

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Diputadas del Parlamento Europeo afirmaron que es real el peligro en el que se encuentran las testigos de los hechos donde fueron emboscados y asesinados los activistas Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, pero darles asilo político por cuestiones humanitarias representaría el “fracaso” del Estado mexicano.

Las eurodiputadas Heidi Hautala, Ska Keller y Satu Hassi reconocieron que la “situación es grave y si se otorga el asilo es porque el Estado no te puede proteger. Hay criterios claros

para otorgar asilo como lo es que la persona corre un grave riesgo, está amenazada y si el país, en este caso México, no le ofrece la protección suficiente”.

Por lo pronto, dijeron que esta claro que estas personas están en peligro y si tienen que ir al asilo es un fracaso muy fuerte para México, sin embargo, han fijado ciertos plazos que si no se cumplen analizarán sacar del país a las mujeres que han sido amenazadas para no ratificar su declaración que involucra a uno de los presuntos asesinos de Bety Cariño y Jyri Jakkola.

Información de APRO resaltó que Elías Cruz Merino fue detenido el pasado 20 de enero; sin embargo, dos mujeres que atestiguaron el ataque fueron amenazadas de muerte si no retiraban sus señalamientos ante la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJEO).

Relataron que “el 25 de enero el líder la Ubisort, Antonio Cruz García, padre de Elías,  quien también es funcionario municipal de Juxtlahuaca, llegó con una camioneta y gente armada a las casas de las testigos y les dijo que iban por ellas para llevarlas a la ciudad de Oaxaca para que se desistieran de la acusación contra Elías, quien hasta el 31 de diciembre fungía como regidor de Educación de ese municipio”.

Las mujeres se resistieron a acompañar a Cruz García, “ante el riesgo de ser desaparecidas”, y de inmediato los abogados y Omar Esparza, viudo de Beatriz Cariño y dirigente de Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), buscaron el apoyo del gobierno federal para rescatar a las mujeres y a sus familias.

Las Eurodiputadas, luego de reunirse con el gobernador Gabino Cué, lamentaron que a casi cinco años del asesinato del activista de Finlandia, Jyri Jaakkola y la mexicana Bety Cariño, solo se hayan ejecutado dos órdenes de aprehensión de un total de 14, lo que significa que predomina la impunidad.

“Estamos conscientes que hay muchos problemas en México pero es determinante romper la impunidad”, abundaron.

Es claro que hay avances en el informe que dio el gobernador pero también hay muchas cosas pendientes y otras que no funcionan realmente como el hecho de que hay 14 órdenes de aprehensión y solo dos detenidos y eso no es suficiente par obtener justicia.

“Pensamos que tenemos la buena voluntad del gobernador para resolver este caso, pero también ha sido lento.

Detallaron que esta es la séptima visita que realizan a México desde que ocurrió el asesinato de los activistas de derechos humanos y lo que no ha cambiado es la protección de los presuntos asesinos y ese es un obstáculo mayor.

Coincidieron en que esta investigación debe llegar hasta el final porque el pueblo de México y Oaxaca merece que acabe la impunidad.

Mencionaron que en a tierra de Jyri, el número de casos de asesinatos que se resuelven es muy alto y en donde hay un número limitado de sospechosos es casi del 100%, entonces, “visto con los ojos de un ciudadano de Finlandia, este caso es muy simple de resolver porque desde el día primer se sabía quiénes eran los sospechosos, entonces no había qué buscar a los presuntos culpables. En mi país este caso se hubiese resuelto desde mucho tiempo”.

Finalmente, resaltaron que con tantas visitas “hemos aprendido tanto de este país, de cómo funciona y estoy convencida de que la impunidad es uno de los problemas claves, no solo para la vida de cada uno de sus habitantes sino de la sociedad en su conjunto”.

Cariño y Jakkola murieron en una emboscada atribuida a integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), cuando participaban en una caravana humanitaria para llevar alimentos y medicinas a habitantes de San Juan Copala, comunidad triqui que se encontraba sitiada por paramilitares.

A casi cinco años de los hechos, los abogados de los deudos informaron que de las 14 personas identificadas como responsables del ataque armado, sólo se encuentran detenidas dos y uno más murió asesinado.