La ley de Moreno Valle para controlar a las ONGs

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Josué Cantorán/LadoB

@josuedcv

Crear un registro estatal de organizaciones de la sociedad civil en Puebla, otorgar a las ONGs registradas la posibilidad de obtener recursos públicos pero dotarlas de algunas obligaciones, como entregar un informe anual sobre sus actividades y abstenerse de hacer proselitismo político “a favor o en contra” de algún candidato en tiempos electorales.

Los puntos anteriores están contemplados en la Iniciativa de Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Puebla, turnada por el gobierno estatal al Congreso el 15 de octubre de este año y que se encuentra en discusión en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Organizaciones No Gubernamentales.

Desde su aparición, la iniciativa ha provocado las críticas de académicos e integrantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a diversos temas, que ven en algunos de sus puntos intentos de controlarlas y fiscalizarlas, y que lejos de fomentar sus actividades las enreda en nuevos obstáculos burocráticos además de los que ya deben sortear en el orden federal.

Otra de las críticas se centra en el pronóstico de que sólo podrán ser beneficiadas las organizaciones que se dedican a la asistencia social y no aquellas que buscan fomentar la participación ciudadana y democrática, pues su propia acción resulta incómoda para los gobiernos.

–(La iniciativa) va limitando el ejercicio del uso de recursos públicos –considera Gerardo Martínez Águila, responsable del Programa Universitario de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría– y entonces sí se puede volver discrecional. Al momento de operar, el estado va a decir “como no cumples con esto, no tienes derecho a poder acceder a tal o cual recurso”. Eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado porque al final de cuentas esta iniciativa de fomento se puede convertir en que sólo participen aquellas organizaciones que sean cercanas al gobierno del estado.

–Nosotros decimos, como organización, que no somos mediadores. Cuando hablamos de una violación a derechos humanos es porque el Estado, en cualquiera de sus niveles, agrede o comete un acto contrario a su normatividad que implica una violación. Por tanto, en el momento en que nosotros nos convertimos en defensores de derechos humanos, estamos trabajando al lado de la victima, no mediamos, enfrentamos al aparato del estado que pretende tener impunidad y buscar los mecanismos para evitar ser exhibido

Para el académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, la propuesta del gobierno estatal no atiende a las realidades que viven las organizaciones, algunas mucho más pequeñas que otras, por lo que el resultado final sería que muchas de ellas incluso anularían cualquier tipo de relación con el estado.

–¿De qué manera el estado se relacionará con las organizaciones de la sociedad civil si ahorita, con las condiciones en que se está, no hay muy buena relación entre organización civil y gobierno del estado? –cuestiona, en entrevista con Lado B.

Y otro de sus cuestionamientos es que al ser una iniciativa turnada al Congreso del estado sin mediación o discusión alguna con las organizaciones, desde el inicio se ignoró que la existencia misma de la sociedad civil organizada se debe a la voluntad de participación y diálogo.

–El problema es no reconocer la realidad de las organizaciones civiles como un proceso ciudadano de participación, y que al momento de que una iniciativa que tendría que ir con una consulta entre organizaciones y gobierno del estado, no se ve este proceso. El gobernador presenta iniciativas más con mirada de fiscalización que de fomento o diálogo.

Para Israel Sampedro, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, la iniciativa fungirá como un plan “perverso” de cooptación del gobierno estatal a las organizaciones, e incluso se prestará para favorecer el oportunismo de particulares que busquen obtener recursos públicos, alentando a organizaciones surgidas de la noche a la mañana, sin trabajo de base, y haciendo a un lado a las dedicadas a la defensa de los derechos humanos, cuya relación con el estado es en lo general tensa.

–Estas iniciativas –dice el defensor, en entrevista con este portal– van encaminadas en el sentido de a ver quién cae, quién no tiene objetivos y principios claros, y va a haber estímulos económicos, el condicionante económico se vuelve parte de una cuestión muy perversa de cooptación, de limitación al trabajo de derechos humanos.

Y agrega:

–Nosotros decimos, como organización, que no somos mediadores. Cuando hablamos de una violación a derechos humanos es porque el Estado, en cualquiera de sus niveles, agrede o comete un acto contrario a su normatividad que implica una violación. Por tanto, en el momento en que nosotros nos convertimos en defensores de derechos humanos, estamos trabajando al lado de la victima, no mediamos, enfrentamos al aparato del estado que pretende tener impunidad y buscar los mecanismos para evitar ser exhibido.

En realidad, la crítica de Israel Sampedro se suma a la de otros defensores de derechos humanos que ya han hecho público su malestar al respecto de esta iniciativa.

El activista Misraim Hernández, vocero del Contingente Puebla, dijo al portal e-consulta que la iniciativa tiene la finalidad de “centralizar y controlar a las organizaciones por parte del estado”. Y Brahim Zamora, vocero del Odesyr, declaró al Periódico Central que iniciativas como éstas, que buscan fiscalizar a las organizaciones, además de ociosas, pues las organizaciones ya son fiscalizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, terminan por “mermar en la vida institucional y burocratizar, tender a desaparecerlas. Inhibir la participación ciudadana a través de las ONG’s. Y generar una serie de tramitología, vigilancia fiscal y de poner trabas burocráticas”.

De acuerdo con la página web del Congreso, la iniciativa debe presentarse en el tercer periodo de sesiones, mismo que culmina el 15 de diciembre.