Ola de megaproyectos pone en alerta a mujeres rurales

Angélica Soto

La reciente reforma energética y otras normas que regulan la explotación del subsuelo en México (como la Ley Agraria) permiten la extracción de minerales e hidrocarburos que afecta al medio ambiente y a la población; en consecuencia, cientos de mujeres rurales ya se organizan en cada región del país para frenar proyectos empresariales.

El pasado 11 de agosto el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto de reforma que crea seis normas secundarias en materia energética y ambiental.

Una de ellas es la Ley de Hidrocarburos, que modifica los artículos constitucionales 27 y 28 que prohibían al Estado ofrecer contratos de explotación, producción y manejo de los hidrocarburos. Con la reforma ahora se permite la extracción de minerales a partir de técnicas contaminantes, como el llamado “fracking”.

Además, esa misma ley cambia la figura legal de “expropiación” por “ocupación temporal” de la tierra, a cambio de proporcionar un porcentaje de las ganancias al ejido afectado, recurso que no beneficiará a la gran mayoría de la población femenina rural, ya que de los más de 5 millones de personas ejidatarias y comuneras en México, menos de un millón 400 mil son mujeres, según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Si bien aún no se puede conocer el impacto que tendrá esta reforma constitucional en materia energética –a decir de campesinas y activistas a propósito del Día Mundial de las Mujeres Rurales que se conmemoró este 15 de octubre–, ésta se suma al conjunto de políticas que ha implementado el Ejecutivo federal desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994.

Afirmaron que estas reformas tienen el fin de potenciar la explotación de los recursos naturales e incrementar la inversión extranjera a costa del empobrecimiento y la violación de los Derechos Humanos (DH) de la población.

Brenda Rodríguez Herrera, investigadora de la Red Mujer y Medio Ambiente, dijo en entrevista que la reforma energética y la actual Ley Agraria (que no tuvo cambios con las modificaciones constitucionales en materia energética, pero que ha sido criticada por la sociedad civil) son un retroceso para el país, ya que permiten la extracción de minerales con técnicas que utilizan excesivas cantidades de agua potable, y el uso del territorio ejidal sin consulta previa.

Leer nota completa en Cimac Noticias