Sexismo en sistema judicial deja impunes ataques a las periodistas

Anayeli García Martínez

Foto}: César Martínez.

Cuando las periodistas son amenazadas, víctimas de difamación, cuando quedan en medio de los golpes o son asesinadas, las autoridades encargadas de investigar y sancionar el delito simplemente se pierden en un mar de burocracia y prejuicios sexistas que arrancan la paciencia a cualquiera y dejan a las mujeres en la indefensión.

Este proceso se describe y analiza en el informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis legal”, que realizó Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) para demostrar que el Estado mexicano está en deuda con la libertad de expresión y con las periodistas, a quienes no les garantiza justicia cuando son agredidas, lo que abre la puerta a que los hechos se repitan.

Las investigaciones judiciales sobre delitos contra mujeres periodistas –dice el informe– se caracterizan por ser deficientes, realizarse con sesgos sexistas y violar el debido proceso; como consecuencia, las agresiones o actos de violencia no se esclarecen y los culpables no son castigados.

Así lo demostró el análisis jurídico de cuatro casos de delitos contra la libertad de expresión: las indagaciones judiciales por las amenazas y demandas contra Lydia Cacho Ribeiro y Ana Lilia Pérez Mendoza, así como el asesinato de Regina Martínez Pérez y los allanamientos y robos en las oficinas de la agencia Cimacnoticias.

El informe que se presenta hoy en el Centro Cultural de España en México, en esta capital, también destaca que la falta de perspectiva de género en las normas de libertad de expresión y la naturalización de la violencia se reflejan en el deficiente acceso a la justicia para el gremio periodístico, lo que genera impunidad.

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