En México, las jóvenes no existen

Angélica Joselin Soto Espinosa

Foto: César Martínez.

Las políticas en salud, educación y trabajo para la población femenina entre 15 y 29 años son insuficientes contra el desempleo, la deserción escolar y los embarazos tempranos.

Con motivo del Día Mundial de la Población –conmemorado este viernes 11 de julio y dedicado este año a la inversión en la juventud–, especialistas evidencian la inexistencia de políticas públicas para atender el desempleo, la deserción escolar y los embarazos tempranos que enfrentan las jóvenes.

En el país habitan 15 millones 167 mil 260 mujeres de entre 15 y 29 años de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De ellas, 3 millones no estudian ni trabajan; 12 mil menores de 20 años presentan embarazos, al menos una de cada dos padece pobreza, y alrededor 34.5 por ciento de la población de 0 a 17 años de edad no es derechohabiente de algún sistema de salud.

A lo anterior se suma que las jóvenes padecen con mayor agudeza que sus pares varones el desempleo y la pobreza, ya que para mayo de este año la tasa de desocupación femenina pasó de 4.93 a 5.17, mientras que la masculina disminuyó de 4.93 a 4.7 en el mismo periodo, y la población indigente joven se conformó por 47 por ciento de mujeres en comparación con 42.9 por ciento de varones.

Las cifras denotan la urgencia de atender la salud de las jóvenes, incrementar la infraestructura para garantizar su educación después del bachillerato, y ampliar el mercado laboral en condiciones dignas, todo desde un enfoque de género para disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres.

Sin embargo, tales acciones –junto con las políticas públicas que deberían impulsarlas– son inexistentes; los recursos que se invierten no tienen efectos ni mecanismos para evaluarlos, y no hay un enfoque transversal y articulado que reconozca los derechos de la juventud en todos los ámbitos de desarrollo, coincidieron académicas y activistas.

SIN LEY NO HAY DESARROLLO

A pesar de la insistencia de grupos civiles por los derechos de la juventud y de las mujeres, México no cuenta con una Ley General de Juventud que reconozca las demandas específicas de esta población, y visibilice sus aportes para el desarrollo.

Tampoco hay una política federal integral y transversal en el tema que obligue a todas las instituciones a diseñar programas que contribuyan a disminuir los obstáculos, para que las jóvenes sean atendidas en todos los aspectos que requieran.

En cambio hay una gran demora de México, desde 2005, para suscribirse a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, en la que se establece el compromiso de los Estados para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos (DH) de esta población.

Por otro lado, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), según denuncian activistas de la agrupación Ágora Feminista, no destina fondos suficientes para el desarrollo de proyectos propuestos por la sociedad civil, pese a que la participación política y social es el único rubro donde las jóvenes destacan por encima de los varones, con 33.4 por ciento en comparación con 27.6 por ciento de los hombres.