Rechazan indígenas consulta sobre hidroeléctrica en Puebla

La consulta, señalaron, debe ser libre, sin coerción o intimidación y garantizando la libre participación y la seguridad de los afectados.

Zoquiapan, Puebla. Indígenas del  municipio de Zoquiapan en la sierra nororiental poblana acordaron rechazar la consulta que organiza la empresa GESA para la instalación de la hidroeléctrica San Antonio en terrenos de la comunidad por considerar que viola los términos del protocolo de CDI para este tipo de ejercicios y el Convenio 169 de la OIT.

Ante Josefina Bravo Rangel, directora de Consulta Indígena y Comunicación de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas del gobierno federal, los pobladores de uno de los cinco municipios que involucra el proyecto energético, reiteraron su oposición a los denominados “proyectos de muerte”.

Lo anterior, en una reunión realizada la semana pasada, en la que la funcionaria impartió un taller sobre la mecánica de la consulta indígena contenida en un protocolo diseñado por la CDI, en el que se les explicó que tienen derecho a pedir su realización pero también tienen la opción de “decir que no la queremos y que no queremos que se instalen esos proyectos”, afirmó Francisco Pérez.

No obstante su rechazo, los indígenas denunciaron que la empresa GESA ya hasta está haciendo trabajos topográficos en los ríos Zempoala y Ateno y ha calendarizado sus actividades entre ellas la de “aplicar ella misma la consulta” para lo cual, dijeron, habría contratado a una consultoría de especialista que incluye a biólogos, antropólogos sociales, etc.

Sin embargo, los pobladores indicaron que “desde un principio la empresa cayó en la ilegalidad, empezando porque la información la deben dar a las autoridades y ellas a la población”, sobre todo si se trata de un proyecto que atente contra su vida e involucre el uso de sus recursos naturales.

Pero según el protocolo de la CDI antes de conceder las concesiones sobre la tierra o los ríos, las autoridades también deben informar y consultar a los pueblos indígenas y el ejercicio debe ser previo al “inicio de  las medidas, autorizaciones, concesiones, permisos o las acciones que se pretenden impulsar”.

La consulta, señalaron, debe ser libre, sin coerción o intimidación  y garantizando la libre participación y la seguridad de los afectados.

Todo ello, abundaron, viene a reforzar la ilegalidad en que está incurriendo la empresa que no debe ser parte de la consulta, pues su organización en todo caso “le corresponde a la CDI, al gobierno municipal y una comisión que represente a las comunidades”, por ello se pronunciaron en contra de este ejercicio y en general de los proyectos hidromineros.

Para la construcción de la planta hidroeléctrica San Antonio  que pretende generar 37.6 MW de energía eléctrica, se requieren 18.994 hectáreas de terreno, de los municipios de Xochitlán de Vicente Suárez, Zapotitlán de Méndez, Atlequizayan, Zoquiapan y Nauzontla.

La obra tendrá impacto en los  cauces de los ríos Ateno y Zempoala; y en los bosques mesófilo de montaña, caducifolio y  a la selva mediana subperennifolia de esas demarcaciones serranas.

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