Madres batallan contra EU para recuperar a sus hijas

Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Foto: César Martínez.

Hace más de seis meses, Mariana, migrante sin documentos en Estados Unidos desde 2005,  fue detenida en su departamento frente a sus tres hijas menores de edad.

Ella pasó tres meses en la cárcel y luego fue deportada a México, su país de origen. Desde entonces no ha vuelto a ver a sus hijas ni sabe si algún día lo podrá hacer.

Las leyes norteamericanas establecen que en los casos de deportación de mujeres con hijas e hijos, una Corte de lo Familiar de EU y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de México deben analizar si es conveniente que la madre tenga la custodia de las y los menores de edad.

Cuando Mariana llegó a Tijuana, Baja California, tenía sólo 15 dólares en la bolsa (apenas 200 pesos mexicanos); no conocía a nadie y no sabía dónde se quedaría. Le costó casi dos meses encontrar un trabajo como obrera en una fábrica de textiles donde gana 300 pesos semanales, luego consiguió un departamento que renta por mil pesos al mes.

Ella sabía que debía cumplir con todos los requisitos marcados por el protocolo estadounidense si quería volver a ver a sus hijas; uno de ellos es tomar cursos dirigidos a padres de familia, así que después de recibir la segunda quincena de sueldo se inscribió a una capacitación para prevenir violencia intrafamiliar y otra para prevención de adicciones, cada una con costo de 50 pesos por sesión en el DIF.

Además, regularmente una trabajadora social inspecciona su vida, realiza exámenes socioeconómicos y evalúa sus avances para determinar si sus hijas podrán volver a vivir con ella.

Cuando se cumplieron los primeros seis meses desde su deportación, Mariana tuvo su primera audiencia en la Corte de lo Familiar, la cual se realizó vía telefónica.

En esa audiencia ella debía comprobar que cumplía con los requisitos para tener a sus hijas, entre ellos un ingreso fijo, un hogar acondicionado para vivir con ellas, acreditar que no consumía drogas ni alcohol, y aprobar los cursos y capacitaciones para padres, entre otros.

Aunque hizo todo lo posible para quedarse con la custodia de sus hijas, en esa audiencia le dijeron que no cumplía con los requisitos económicos para mantenerlas –a pesar de que ella comprobó que los primeros tres meses los pasó en prisión y los siguientes buscando hogar y trabajo–.

Las autoridades de EU le concedieron una prórroga de seis meses más, pero si en este tiempo no pasa el examen socioeconómico se le concederán los últimos seis meses adicionales.

Si Mariana tampoco logra pasar las pruebas, la custodia de sus hijas –ahora bajo el cuidado de los Servicios de Protección a la Infancia (CPI, por sus siglas en inglés)– pasará a otra familia de aquel país.

Como Mariana, son miles las madres que actualmente están a la espera de que la Corte de lo Familiar les conceda la oportunidad de reunificarse con sus hijas e hijos que se quedaron en EU luego de que ellas fueron deportadas.

“TRAMITOLOGÍA”

De 2010 a junio de este año la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó al no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) que ha recibido 9 mil 780 solicitudes de asistencia consular por asuntos de custodia.

Durante la espera que puede durar de seis a 18 meses, las mujeres tienen que probar que cumplen con los requisitos que imponen las autoridades estadounidenses para recuperar a sus hijos, para lo cual en muchos de los casos tienen que buscar hasta dos empleos.

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