En Puebla se vive un clima de represión y hostigamiento
Los hechos de hostigamiento han ido desde la intimidación de ciudadanos y autoridades que se oponen a estos proyectos.
Ernesto Aroche Aguilar
Integrantes de organizaciones opositoras a los proyectos energéticos ubicados en la sierra norte exigieron cese el clima de violencia y hostigamiento que se vive entre las comunidades afectadas por mineras e hidroeléctricas, un clima que ya suma personas asesinadas, como fue el caso del dirigente campesino Antonio Esteban quien fue ultimado la semana pasada.
En rueda de prensa, integrantes de los Comités de Defensa de los municipios de Zoquiatlán y Xochitlán, del Consejo Tiyat Tlali, Tetela hacía el futuro y Contingente Puebla, acusaron además que el gobierno del estado y la Semarnat están impulsando la instalación en sus comunidades de un proyecto hidroeléctrico a cargo de la empresa Generación Eléctrica San Antonio SA de CV (Gesa), a pesar de que el pueblos nahuas y totonacos de la región han rechazado en reiteradas ocasiones.
El proyecto involucra a los municipios de Xochitlán de Vicente Suárez, Zapotitlán de Méndez, Atlequizayan, Zoquiapan, Nauzontla y Zacapoaxtla; y utilizará las aguas del Río Zempoala y del Río Ateno, según se lee en el resumen ejecutivo del llamado proyecto San Antonio.
De acuerdo con lo planteado en voz de Leonardo Durán del Consejo Tiyat Tlali, la Semarnat condicionó el avance del proyecto y la Manifestación de Impacto Ambiental a que este sea autorizado por los habitantes de la zona, pero violó el principio de consulta previa, pues la consulta se hará luego de que fue aprobado el proyecto.
Señalaron también que la consulta está siendo impulsada por la propia empresa, situación anómala pues la vuelve juez y parte, por lo que se “evidencia que la Semarnat y el gobierno del estado están actuando como promotores de proyectos de capital privado que buscan profundizar la privatización de la generación y distribución de la energía eléctrica en lugar de actuar para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas”.
En su pronunciamiento los activistas y opositores señalaron que en el estado se vive un clima de violencia, represión y hostigamiento a la lucha social contra los megaproyectos. Estos hechos de hostigamiento han ido desde la intimidación de ciudadanos y autoridades que se oponen a estos proyectos, así como el atentar contra la integridad de sus vidas, como sucedió en el asesinato del líder campesino Antonio Esteban.
Los activistas también se solidarizaron con los opositores al Gasoducto Morelos que fueron encarcelados recientemente, Enedina Rosas Flores, Juan Carlos Flores Solis, y Abraham Cordero y exigieron su liberación.
La ley bala no se ha “suavizado”.
En la rueda de prensa también se planteó la preocupación porque la llamada Ley Bala no ha perdido su peligrosidad, como se pensó tras ser rasurada por el gobierno del estado al momento de su publicación.
Al respecto, Misraim Hernández, integrante de la organización, Contingente Puebla, sostuvo que se trata de una ley contradictoria que aún abre la posibilidad para que se utilice para justificar el uso de las armas de fuego en detenciones arbitrarias.
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