Las mineras en México: Violencia y despojo, el cuento de nunca acabar…

La irrupción de la minera china JDC Minerals en la Sierra Norte del Puebla, en el sexenio de Felipe Calderón con la concesión para explotar 100 hectáreas de territorio, no fue bien vista por la comunidad que era testigo de cómo uno de los cerros de Tlamanca era deforestado siniestramente. En noviembre de 2012, luego de una lucha legal y social lograron la expulsión del proyecto, aunque hoy en día aún creen posible su regreso.

A pesar del proceso de tres meses, iniciado el 27 de octubre de 2012 y finalizado el 22 de noviembre, donde contrarrestaron la campaña de engaños y falsas promesas de los empresarios orientales que pretendían extraer oro plata, cobre y zinc de la región, la comunidad, en su mayoría indígenas, no posee la certidumbre de que el proyecto no vuelva, debido a que la concesión tiene una duración de 50 años.

Tal como refiere el reportaje de la revista Contralínea, donde se da cuenta del caso, la preocupación de los pobladores también radica en el hecho de que el estado de Puebla, gobernado por el panista Rafael Moreno Valle, cuenta con 211 mil 576 hectáreas concesionadas a través de 392 títulos, que generan división entre los indígenas que habitan pues mientras algunos creen las mentiras de desarrollo, otros más se mantienen renuentes. Tan sólo en abril de 2013, datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y un análisis de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) indicaban la existencia de 35 conflictos en la materia.

Uno de los temas que más genera conflicto, es la protección de los recursos ambientales; la misma OCMAL reportó un conflicto en Tetela de Ocampo, Puebla, ocasionado por  la minera Frisco propiedad de Carlos Slim. Además de otros registrados en Colima, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Guerrero y Guanajuato.

En torno a este delicado tema, la abogada ambientalista, Claudia Gómez Godoy menciona que la mayoría de los pueblos indígenas radican en regiones con importante riqueza forestal, y que cerca del 35 por ciento del territorio nacional está concesionado, la mayoría en zonas indígenas, por lo que debe defenderse con base en el Artículo 2 constitucional que menciona la composición pluricultural del país.

El embrollo de las mineras con concesiones en territorio nacional, se sustenta en las grandes ganancias que las empresas privadas obtienen, de las cuales la población e incluso el propio gobierno no ve un solo peso. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la administración Calderón las mineras únicamente dejaron 2.2 por ciento de sus ganancias a las arcas mexicanas.

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