Cinco años de lucha tienen como fruto la reforma al fuero militar

Anayeli García Martínez

La reforma al Código de Justicia Militar (CJM) para que los soldados que cometan violaciones a Derechos Humanos (DH) de civiles sean juzgados ante tribunales ordinarios, es el logro de víctimas de abusos militares y de mujeres como Valentina Rosendo, Inés Fernández, Tita Radilla, Reynalda Morales, y las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, y su madre, Delia Pérez.

Hoy, tras cinco años de que la comunidad internacional, activistas y víctimas denunciaran que los soldados que cometían agravios contra la población civil eran juzgados en tribunales militares sin imparcialidad, la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 57 del CJM para restringir el fuero castrense y sentar las bases para erradicar la impunidad en estos casos.

En un plazo de ocho días se aprobó esta reforma que estuvo parada por años. El pasado 24 de abril las comisiones unidas de Justicia, Defensa Nacional, Estudios Legislativos, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda del Senado –con opinión de la de Marina– avalaron el dictamen en materia de justicia militar que fue aprobado horas después por el pleno.

En el mismo tenor, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja aprobó hoy la minuta que luego el pleno avaló sin cambios y la cual ahora espera ser expedida por el Ejecutivo federal para entrar en vigor.

El proceso fue producto de una larga lucha de mujeres y hombres víctimas de violaciones a DH por parte de las fuerzas armadas.

MUJERES EN RESISTENCIA

Previo a la aprobación de la Cámara baja, organizaciones como los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y de la Montaña Tlachinollan, así como Fundar Centro de Análisis e Investigación y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), aseguraron que esta reforma era una deuda del Estado con las víctimas.

Las violaciones sexuales por militares quedaron constatadas luego de que el 4 de junio de 1994 en un retén militar en Chiapas fueron detenidas las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez y su madre, Delia Pérez, para ser interrogadas. Los soldados las mantuvieron privadas de su libertad durante dos horas.

Las indígenas tzeltales fueron retenidas, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. El 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia ante el Ministerio Público Federal, pero como los presuntos culpables eran soldados el caso se envió a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre del mismo año. Ningún militar fue detenido.

Fue relevante que la autoridad castrense archivara el caso con el argumento de que “los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso”, luego de que las jóvenes se negaron a comparecer ante militares y someterse a exámenes ginecológicos por parte de personal castrense.

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