Propuesta de Peña Nieto criminaliza uso de internet: activistas

Anayeli García Martínez

Ante la propuesta de regular los contenidos de internet e intervenir las comunicaciones con el argumento de resguardar la seguridad nacional, como lo plantea la iniciativa de Enrique Peña Nieto, organizaciones civiles y activistas exigen que se modifique la ley para que se respete la privacidad y el derecho a la libertad de expresión.

La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Ejecutivo envió al Senado el pasado 24 de marzo para su análisis y aprobación tiene un capítulo titulado “De la colaboración con la Justicia”, que dice que los concesionarios de telecomunicación están obligados a proporcionar la geolocalización en tiempo real de cualquier dispositivo y que las autoridades pueden intervenir comunicaciones privadas.

La propuesta señala que se llevará un registro del control de las intervenciones de las comunicaciones con datos como nombre, denominación, razón social, domicilio, tipo de comunicación y servicio, fecha, hora y lugar del medio que fue intervenido, aunque precisa que se deberán adoptar las medidas de seguridad de protección de esta información.

Si bien en el documento se dice que los concesionarios podrán suspender el servicio de los equipos o dispositivos móviles en caso de robo e inhabilitarlos para su reactivación, también menciona que a petición de las autoridades se podrán bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la “seguridad pública y nacional”.

Y es que el artículo 196 de la iniciativa presidencial dice que en casos de amenazas a la seguridad nacional como lo establece el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, los concesionarios están obligados a facilitar a las autoridades la obtención de información relacionada con cualquier comunicación o dispositivo de comunicación.

En el capítulo “De la colaboración con la Justicia” se hacen especificaciones sobre la regulación de internet al señalar que los concesionarios deberán prevenir la propagación de comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas o “tráfico malicioso”, así como minimizar sus efectos en las redes de telecomunicaciones.

Los colectivos Internet Libre para Todos y Contingente Mx –que agrupan a internautas–, además de organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social, Artículo 19 y Propuesta Cívica, calificaron estas propuestas como un intento de censura, vigilancia masiva y una forma de bloquear información en internet.

Artículo 19 hizo un análisis de la iniciativa y encontró relevante que el capítulo “De la neutralidad de las redes” contraviene los artículos 6 y 7 constitucionales, porque dice que se podrá bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición del usuario, cuando medie la orden de una autoridad o cuando sean contrarios a una normatividad.

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