Detienen en Puebla a dos opositores al gasoducto Morelos

Opositores al Gasoducto

Samantha Páez

@samantras 

Primero detuvieron a Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, el segundo en la lista fue Juan Carlos Flores Solís, ambos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, en los dos casos las irregularidades rodean las detenciones de los opositores al gaseoducto Morelos que cruzará las faldas del volcán Popocatépetl y varias decenas de comunidades poblanas.

De acuerdo con las últimas versiones del grupo de activistas, Flores Solís, quien además funge como vocero de la organización, fue ingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Pedro Cholula, esto tras ser detenido por un grupo de policías ministeriales al salir de la Comisión de Derechos Humanos en la capital poblana, a donde acudió a interponer una queja por la detención de su compañera.

A través de un comunicado el grupo contó que: “a unos pasos de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ubicada en la 5 sur esquina 5 poniente, Juan Carlos y los compañeros miembros de la delegación fueron interceptada por 4 autos blancos (sin placas, ni logos de alguna institución), de los cuales bajaron 12 hombres vestidos de civiles, los cuales de forma directa y violenta, sometieron al defensor Juan Carlos Flores Solís y a forcejeando y empujando lo subieron a un auto y se lo llevaron, sin señalar, quienes eran, ni porque lo detenían, ni a donde lo llevarían”.

“Horas más tarde, uno de los compañeros del Frente recibió una llamada, desde el número del celular de Juan Carlos, un hombre no identificado habló y dijo que el defensor de derechos humanos estaba detenido en la Procuraduría Estatal de Justicia de Puebla y que sería inmediatamente trasladado a un Cereso. Eso fue todo, no hubo más información”.

En el primer caso, Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, fue detenida a su salida de una reunión de Comisariados Ejidales en San José Teruel el domingo a las 12:00 horas. Los policías estatales argumentaron los delitos de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública, aunque nunca mostraron una orden de aprehensión.

Un día antes, el sábado 5 de abril, a las 22:00 horas la policía estatal también irrumpió en el domicilio del comisariado ejidal de San Juan Amecac, Atlixco, Avelino Velázquez Tapia, pero como no lo encontraron sólo intimidaron a sus familiares e hicieron destrosos en su vivienda.

Para el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua los hechos fueron planeados con anticipación, pues el 7 de marzo de este año los pobladores de San Felipe Xonacayucan echaron de la comunidad a la empresa constructora del gaseoducto, la firma italiana Bonatti, debido a que en una asamblea ejidal se determinó no otorgar los permisos de uso de suelo. Después del incidente elementos estatales vestidos de civiles visitaron la comunidad preguntando por Enedina.

Sin embargo, las amenazas contra las comunidades que se oponen al gaseoducto Morelos datan desde principios de la actual administración.

El propio Juan Carlos Flores dijo a finales de enero, cuando protestaron frente a la delegación en Puebla de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se acordó que los municipios de San Jerónimo Tecuanipan, Calpan, Juan C. Bonilla y Nealtican no liberarán los permisos de uso de suelo para el proyecto, ante lo cual el gobierno estatal les dijo que no les aprobarían sus cuentas públicas en el Congreso del estado.

Un riesgo en potencia

Los pobladores de las faldas del volcán Popocatépetl rechazan la construcción del gaseoducto de 160 kilómetros de longitud, que pasará por 30 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala, debido al riesgo que representaría para ellos ante una contingencia volcánica.

En 2011 el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reconoció que un tramo del gaseoducto Morelos pasará dentro de la zona naranja de alerta (peligro moderado), donde hay la caída de arena volcánica y pómez (roca volcánica de baja densidad) desde un milímetro hasta un metro de diámetro.

Por eso recomendó “revisar el trazo del ducto, específicamente en las zonas de peligro”, así como realizar estudios más amplios para el proyectos buscando asesoría de institutos universitarios, tomar en cuenta la actividad volcánica, la sismicidad regional y la inestabilidad de los suelos. También señala que puede ser necesario modificar el espesor de las tuberías y tomar medidas necesarias para que en su construcción no se ponga en riesgo a los trabajadores.

Las comunidades que se verían afectadas son: San Francisco Coapan, San Lucas Tulcingo, San Isidro Huilotepec, San Juan Amecac, Almazán, Calpan, Santa Lucía, Huejotzingo, San Felipe Xonacayucan, San Lucas Atzala, Santiago Xalitzintla y Zacatepec, entre otras.

Los temores de los habitantes son compartidos por el investigador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), Carlos Tovar González, quien el año pasado señaló, cuando la alerta volcánica subió a amarillo fase tres, que “el gaseoducto pasaría por las faldas del Popocatépetl aumentará el riesgo que se tiene”.

Para el especialista existe la posibilidad de que material incandescente llegue hasta donde se tiene el trazo del gaseoducto, ya que el Popocatépetl es un volcán explosivo y han encontrado en las huellas geológicas que en anteriores erupciones se depositó material volcánico en las Cholulas, Huejotzingo y Atlixco, por lo tanto el perímetro de riesgo sería más amplio.

A pesar de esta situación la CFE ha insistido en la construcción del gaseoducto y con apoyo del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas podría lograrlo a través de la figura de la expropiación, pues a principios de este mes se aprobaron reformas para tomar posesión de bienes bajo el argumento de “inmediatez y urgencia”, sin necesidad de notificar por escrito al propietario y comenzar los trabajos a pesar de un proceso jurídico.

Condena Morena las detenciones 

Tras conocerse las detenciones, el Comité Ejecutivo estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se pronunció al respecto señalando que “los acontecimientos en los municipios de Tepeojuma y Atzizihuacan no son eventos aislados. Forman parte de la escalada represiva que el gobierno de Moreno Valle ha impulsado en diversos lugares del estado para desarticular la oposición creciente a los proyectos de muerte que se están realizando en todo el estado de Puebla. La escalada represiva es solamente una cara de las medidas represivas y autoritarias que en otros ámbitos se están imponiendo. Por ejemplo las tres reformas a la Ley del Agua y la Ley Expropiatoria aprobadas al vapor y con la obsecuencia de todos los diputados en el congreso local”.