Ventilan violencia obstétrica cometida por el Estado mexicano

Anaiz Zamora Márquez

Foto: César Martínez/ Chiapas PARALELO.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, la recurrente violencia obstétrica que enfrentan las mexicanas durante la atención al parto o puerperio.

Ante la denuncia internacional, el Estado mexicano, si bien reconoció la existencia de violaciones a Derechos Humanos (DH) e incluso recientes casos de Muerte Materna (MM), se limitó a enlistar las acciones, programas, normas oficiales y acuerdos enfocados en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que en la realidad no se cumplen o aún no han sido promulgados.

Como parte de la conmemoración del 20 aniversario de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), la CIDH celebró ayer la audiencia “Salud materna y denuncia de violencia obstétrica en México”.

Ahí, GIRE –organización civil mexicana con más de dos décadas de experiencia en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres– expuso las principales violaciones a los derechos de quienes deciden ejercer su maternidad.

Regina Tamés, directora de GIRE, señaló que la violencia obstétrica “afecta significativa y desproporcionadamente a mujeres indígenas y de escasos recursos”, y que los principales obstáculos que enfrentan para la adecuada atención y acceso a servicios de salud derivan de las instituciones de salud pública.

De acuerdo con la abogada –que tomó la palabra también en nombre de las organizaciones Parto Humanizado y Sakil Nichim Anzetick–, los actos de violencia obstétrica más comunes se observan en la discriminación en el acceso a servicios de salud, la negativa a brindarlos, la no atención oportuna y la ineficacia en la resolución de las urgencias obstétricas.

Se suman la atención discriminatoria, tratos crueles contra las mujeres que acceden a los servicios, medicalización y patologización de procedimientos naturales, la no coordinación entre autoridades federales y estatales, y principalmente la falta de justicia y reparación del daño a las víctimas.

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