Niñas criminalizadas por rechazar matrimonios forzados

El matrimonio infantil, permitido por usos y costumbres en la mayoría de las comunidades indígenas, representa una grave violación a los Derechos Humanos (DH) de las menores de edad, a lo que se suma la criminalización y persecución contra las adolescentes y niñas que rechazan esta práctica.

Recientemente se difundió que dos menores de edad de origen indígena fueron vendidas con fines matrimoniales por parte de sus padres, y quienes al oponerse fueron perseguidas legalmente.

En agosto de 2013 una niña triqui de 14 años se escapó de sus padres al enterarse de que sería vendida por 40 mil pesos para saldar una deuda.

Así se inició una persecución legal para que la joven regresara a su hogar, ante lo que ella buscó el refugio y protección de organizaciones defensoras de DH, que lograron que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictara medidas cautelares a su favor.

Pese a ello, el pasado 3 de marzo la juez segundo de lo familiar, Elizabeth Roxana López Luna, ordenó a la subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género “reintegrar a sus progenitores” a la adolescente de ahora 15 años.

Mariana Flores López, joven triqui desplazada de San Juan Copala, Oaxaca, y quien acompañó a la menor de edad, sostuvo el pasado 8 de marzo que estas prácticas violatorias a los cuerpos y derechos de las niñas indígenas, es decir, delitos que se cometen ante el permiso y complicidad de las autoridades.

Explicó que si bien las autoridades locales y nacionales están obligadas a respetar los usos y costumbres, también deben proteger los DH de las mujeres y niñas e intervenir cuando se les demanda.

Ese mismo 8 de marzo se acusó al juez de paz y reconciliación indígena de San Juan Chamula, Chiapas, Ricardo López Hernández, de haber encarcelado por tres días a una niña tzotzil de 14 años por haber abandonado a su esposo, quien la había comprado por 20 mil pesos.

De acuerdo con información reciente, el juez ordenó a la adolescente pagar una multa de 24 mil 700 pesos por los gastos de la boda y los interés generados, pues ella regresó a casa de sus padres. Al no contar con el dinero, la indígena fue encarcelada.

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