Llaman a más acciones para impedir despidos por embarazo

Anayeli García Martínez

La Cámara de Diputados condenó la violencia laboral contra las mujeres y reprochó que los patrones exijan a las trabajadoras certificados de no gravidez para ingresar, permanecer o ascender en el empleo, o que las despidan y les exijan la renuncia por estar embarazadas o casadas.

En la sesión de este jueves las y los legisladores aprobaron una reforma a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), para establecer que en casos de violencia laboral se debe remitir a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que prohíbe a los empleadores discriminar a las mujeres gestantes.

En agosto de 2013 los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal, presentaron una propuesta para reformar el artículo 11 de la LGAMVLV y mejorar el concepto de violencia laboral, pero como estas consideraciones ya están en la LFT los legisladores decidieron remitir a este ordenamiento legal.

Así, el artículo 11 quedó de la siguiente manera: “Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima, o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en las fracciones XIV y XV del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, así como la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género”.

La diputada del PRI Leticia Mendoza Curiel mencionó que el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ha observado con preocupación la persistencia de las prácticas discriminatorias contra las mujeres en el ámbito laboral.

La priista dijo que según información del Comité, tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de actos de violencia en el lugar de trabajo, incluido abuso y hostigamiento sexual, por lo que recomendó al Estado mexicano tomar todas las medidas necesarias para eliminar las inconsistencias de los marcos legales.

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