Ordena Corte liberación de indígena criminalizada por abortar

Anaiz Zamora Márquez

Por decisión unánime, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata liberación de Adriana, indígena tlapaneca que presentó un aborto espontáneo pero fue acusada de “homicidio en razón de parentesco” con base en pruebas periciales que carecían de rigor científico.

Sin dar a conocer los argumentos en los cuales se basó la discusión, la y los ministros que integran la Primera Sala votaron a favor del proyecto de amparo directo 21/2012 presentado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Fue así que se ordenó la inmediata y absoluta libertad de Adriana, quien hasta hoy purgaba una condena de 22 años de prisión en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo, Guerrero, donde permanece desde 2009 cuando fue trasladada desde el penal de Ayutla de Los Libres, en el mismo estado.

La mujer pasó siete años en reclusión y esta tarde quedó en libertad.

En 2006 Adriana presentó un aborto espontáneo debido a la falta de atención prenatal y la violencia física de la que fue víctima a manos de su pareja y su familia.

Fue juzgada, incriminada e incluso apedreada en una asamblea comunitaria. Posteriormente fue presentada ante el Ministerio Público por su padre y su tío (que en ese entonces era el comisario del pueblo), donde careció de un intérprete que le tomara su declaración y le explicara el procedimiento legal.

Se comprobó el supuesto homicidio a través de “docimasia pulmonar”, prueba pericial que a decir de la defensa carece de rigor científico y que consiste en sumergir al feto o sus pulmones en agua para saber si respiró, pues de flotar se considera que no se trató de un aborto sino de un asesinato.

En un primer momento, Adriana fue culpada de homicidio calificado y condenada a 32 años de prisión, pero un defensor de oficio logró revertir el fallo. El delito fue reclasificado como “homicidio en razón de parentesco” y en abril de 2010 fue sentenciada a 22 años de cárcel.

Para Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres y abogada que litigó el amparo, el caso es sólo un botón de muestra de la realidad que enfrentan muchas indígenas del país, ya que “el verdadero delito de Adriana es ser mujer, pobre e indígena”.

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