Seguridad pública y derechos humanos acaparan Cumbre Ciudadana

Por Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Tres compromisos plantearon, de inicio, a las autoridades las cerca de 200 organizaciones de 20 estados del país que se reunieron entre lunes y martes pasados en la capital poblana, en la segunda edición de la Cumbre Ciudadana: mantener abierto y permanente el diálogo, responder por escrito y en un plazo no mayor de un mes a las metas planteadas, señalando cuáles suscriben, cuáles no y sobre cuáles plantean reservas, y por último establecer mecanismos de seguimiento periódico para el cumplimiento de las mismas.

Un planteamiento que fue recogido tanto por el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, quién se presentó a la clausura en representación del presidente Peña Nieto, como por Carlos Lozano de la Torre, gobernador de Aguascalientes y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), y Rafael Moreno Valle, gobernador del estado, junto con las más de 46 propuestas consensuadas en los 11 ejes temáticos en los que se dividió la cumbre.

Y que a decir de los funcionarios, será transmitido al presidente y a los gobernadores del todo el país antes de plantear un escenario en conjunto para el avance en los temas.

SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, EL FOCO

Si el volumen de propuestas en un solo eje podemos considerarlo como un indicador de consensos, y por ende de intereses y problemáticas compartidas, entonces la Seguridad Pública y los Derechos Humanos fueron el tema principal de la cumbre, a pesar de que se evadió plantear frontalmente a las autoridades federales y gobernadores el rechazo a la criminalización de la protesta, una política que ha comenzado a legislarse en varios estados, entre ellos el anfitrión: Puebla y que viola el derecho a la libertad de expresión.

Y aunque no llegó al documento final, activistas como Mayte Azuela, de Dejemos de Hacernos Pendejos, o Misraim Hernández, de Contingente Puebla, sí señalaron en entrevistas su preocupación por el asunto y se sumaron a la exigencia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que inicie acciones de inconstitucionalidad en contra de los marcos normativos de Puebla, Chiapas, Quintana Roo y el Distrito Federal.

Entre las propuestas que sí llegaron a los consensos resalta, además del paquete que se refiere a la vigilancia ciudadana al trabajo de las fuerzas del orden, lo mismo en contralorías ciudadanas u observatorios, y a la implementación y fortaleza del Programa Nacional de Derechos Humanos, la propuesta para despenalizar el uso y posesión de la mariguana o canabis –como quedó asentado en la redacción—

Los siguientes temas en importancia fueron Educación y Migración. En el primero de los casos, además de ser uno de los temas que más impacto tuvieron tras los resolutivos de la primera cumbre, pues se logró incluirlos en las reformas constitucionales que se plantearon en la materia, resaltan los puntos relacionados con el terminar con el sistema político paralelo que ha construido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a través de comisionar a maestros para el trabajo político partidario, eliminando los pagos a maestros que no están en las aulas –tomando como referencia los señalamientos de la Auditoria Superior de la Federación y el Censo recientemente realizado–, así como hacer efectiva la evaluación universal de los educadores a partir del ciclo 2014-2015.

En lo que se refiere a los temas relacionados con la migración, las propuestas se centraron básicamente en atender los derechos humanos en toda su amplitud de aquellos que deciden cruzar el río bravo.

Aunque en términos generales muchas de las propuestas que se plantearon en los once ejes temáticos tienen que ver con la vigilancia ciudadana al trabajo que se realiza desde los diferentes ordenes de gobierno, pero una vigilancia asumida por las autoridades.

SÍ HAY DIÁLOGO, REFUTAN AUTORIDADES

Y aunque la ausencia de vías de diálogo entre sociedad civil y autoridades fue uno de los temas que más se mencionaron en la cumbre, y de donde se escucharon los mayores reproches –como el que planteó Gerardo Navarro, dirigente de Integradora de Participación Ciudadana, durante la inauguración de la cumbre:

“Una de las principales razones por las que estamos aquí reunidos, (es porque) muchas de estas propuestas se diluyeron en las negociaciones legislativas o  se simularon con regulaciones mezquinas”–, Osorio Chong insistió en varios momentos en que se mantienen espacios de diálogos con las Organizaciones de la Sociedad Civil.

–Hoy representantes de la sociedad civil forman parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del Consejo de Evaluación de la Estrategia Nacional Antisecuestro, de la Comisión intersecretarial contra la trata de personas, entre muchas otras más.

Y aseguró que Peña Nieto se desistió de generar una controversia con respecto a la Ley General de Víctimas, “e impulsó junto con la sociedad su adecuación”.

Por lo pronto, más allá de si hay o no diálogo, o si hacen falta espacios de incidencia para la sociedad civil, el reloj empieza su cuenta regresiva para que el gobierno federal y los gobiernos del estados respondan al documento que dejó como resultado la Segunda Cumbre Ciudadana.

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