Atrapados y sin salida; inmovilidad forzada de migrantes en Tapachula y Tijuana
*Se presenta un panorama de los procesos de inmovilidad forzada que tienen lugar en Tijuana, Baja California y Tapachula, Chiapas, las investigadoras realizaron entrevistas a representantes de organizaciones e instituciones vinculadas con la migración, en la que indagan las causas e implicaciones del asentamiento prolongado por parte de población en tránsito, deportada, solicitante de refugio y desplazada, en su estudio tratan de desentrañar la problemática y retos derivados de esa situación que enfrentan las asociaciones que trabajan con y en pro de la población móvil en los dos contextos.
Carmen Fernández Casanueva y Arli Juárez Paulin del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), realizaron una investigación respecto a las ciudades fronterizas, concebidas como puntos de cruce, tránsito y de estadía temporal.
Tapachula, en el estado de Chiapas, es una de las entradas principales a México, el inicio de una trayectoria hacia el norte. Tijuana, en Baja California, es el trampolín, la última estación hacia la meta final que es la unión americana.
Fernández y Juárez abordaron el fenómeno de inmovilidad forzada, partieron de tres ejes. El primero de ellos es entender que el espacio y la movilidad son un constructor social y que detrás de esta, hay relaciones de poder. El segundo, lleva a entender que la permanencia de las personas en sitios no deseados se cruza con la tendencia a la externalización de las fronteras. Y el último, vinculado a la reflexión en torno a la complejidad que implica la migración en tránsito y el asentamiento temporal, conlleva una lucha cotidiana por pertenecer a diversos espacios en los lugares de establecimiento temporales.
Las investigadoras abordan que la idea de México como destino no es nueva, ya que en años recientes incrementó la población que bajo circunstancias diversas ha visto truncada su trayectoria hacia el norte y ha optado por quedarse en ese sentido, esquina sur y norte del Pacifico mexicano, emblemáticos en cuanto a la recepción de migrantes. La primera como punto de entrada al país para quienes viajan desde Centroamérica y la última concebida por los nacionales como el último destino previo a la nación vecina.
Las tendencias brindadas por informantes de Fernández y Juárez señalan el panorama de movilidad/inmovilidad en ambos lugares, destacan de manera particular tres: el alza de migración vinculada a violencia, el aumento de solicitudes de refugio y el cambio de rutas para cruzar por territorio mexicano. Estas combinadas propician el aumento de personas asentadas por periodos más largos de lo deseado y la llegada de grupos distintos por las dos fronteras.
La investigación afirma que las carencias socioeconómicas no figuran como únicos, se suma el incremento de la violencia en los estados o países de origen., es común que las personas que llegan afirmen haber sido víctimas de grupos delictivos, pandillas o crimen organizado, discriminación y persecución por razones de género y orientación sexual, conflictos armados y religiosos, sobre todo en el caso de migraciones provenientes de otros continentes.
Los sectores que participan en el desplazamiento interno, por situaciones de violencia, conflictos de tierras, extorciones y amenazas del crimen organizado, han tenido que dejar sus hogares en busca de salvaguardar sus vidas.
“En octubre de 2013 yo empiezo a ver que, además de deportados, yo tenía gente que estaba llegando del sur de nuestro país contándome historias de terror, pero ahora de mi país me están extorsionando, me quieren quitar a mis hijos…” dijo Andrea del Centro Madre Asunta de Tijuana.
El perfil de la población migrante de Tijuana y Tapachula, respecto a edad, género, nacionalidad y estatus socioeconómico es heterogéneo, comparten la necesidad de enfrentar escenarios desfavorables, atravesados por estructuras políticas y económicas que obstaculizan sus movilidades al definir fronteras militarizadas y programas de asilo menos accesibles. El asentamiento de esa diversidad de migrantes que confluye en ambas ciudades generalmente ocurre bajo condiciones de precariedad, comentan Fernández y Juárez.
“Hay gente que se está asentando, hay cada vez más gente que se está quedando más tiempo, los albergues te pueden decir… lo que nosotros estamos identificando es que su estancia es temporal, temporal no de dos días, sino de meses o años” informo Ana de OIM, Tapachula.
Para la población deportada, tienen como obstáculo cargar con el estigma de ser delincuentes, aunado a las implicaciones que conlleva al momento de buscar empleo, así como cuestiones psicológicas derivadas de la repatriación, sobre todo cuando ésta implica una separación familiar.
Fernández y Juárez manifestaron que las personas solicitantes de refugio enfrentan problemáticas más comunes, como la poca voluntad del Estado mexicano para facilitar los procesos; en segunda, tener que solventar estancias prolongadas sin contar con los recursos económicos para hacerlo en condiciones adecuadas; y en tercera, cuando el trámite se resuelve, las opciones laborales que encuentren serán, mal remuneradas y bajo condiciones de precariedad.
“Ahorita nosotros por lo menos en el albergue atendemos a familias completas, personas que vienen desde la abuelita hasta el bebé recién nacido, entonces, es complicado…” compartió Natalia del Albergue Belem, Tapachula.
Colectivos y organizaciones tienen que lidiar con la falta de apoyo gubernamental, las percepciones negativas que el Estado y los medios de comunicación promueven sobre la población migrante. De acuerdo con los testimonios de los informantes clave, la explicación a los pocos avances en modelos de atención integral obedece a que las organizaciones vinculadas al tema de la migración se han multiplicado, las problemáticas son tan complejas que es casi imposible distinguir entre lo urgente y lo importante, concluyeron las investigadoras.
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