La corte de los milagros

La Suprema Corte…

La nueva ley sobre remuneraciones de los servidores públicos ha desatado una polémica en el plano nacional como no se había visto en otras épocas. Desde tiempo atrás y, sobre todo, durante esta última campaña, el ahora presidente de la república ha remarcado no sólo el exceso en los ingresos de los servidores públicos sino que, cuando llegase a ocupar el cargo, enviaría una ley para disminuir los salarios. No sólo eso, también se eliminarían las pensiones a los ex-presidentes de la república, como parte de un catálogo de promesas esgrimidas durante el proceso electoral. En todo esto, López Obrador ha sido consecuente, pero las iniciativas provocan enfrentamientos entre los distintos actores.

En este sentido, se discute entre analistas y periodistas los alcances de las medidas adoptadas por el ejecutivo. Las opiniones al respecto han sido muy diversas, pero fundamentalmente se sintetizan entre quienes defienden la tesis que debe pagarse bien a los servidores públicos y los que critican los excesos a que han llegado los sueldos de la alta burocracia. Más allá de estas posiciones, hay una muy variada multiplicidad de puntos de vista que ofrecen algún matiz al respecto. En efecto, hay quienes consideran que la discusión aunque importante, impide que sean tratados temas tan relevantes como la urgente transformación de todo el aparato de justicia del país, con el afán de evitar los atropellos a que estamos expuestos los ciudadanos en la vida cotidiana.

Para algunos que los servidores públicos sean bien pagados puede estar más que justificado no sólo por las capacidades que manifiesten los burócratas sino, además, porque los emolumentos que reciben puede contribuir a un ejercicio profesional, autónomo y, sobre todo, alejado de la corrupción. Sin embargo, esto no se cumple plenamente si nos atenemos a los sonados casos de corrupción que tan sólo en el último sexenio se hicieron públicos; mientras que, por el lado de la autonomía y el profesionalismo, tampoco podemos estar realmente satisfechos frente a los procedimientos con que opera la alta burocracia del país. En perspectiva, debiéramos aspirar a tener un gobierno eficaz y eficiente en todas sus acciones, principalmente en el manejo de los recursos públicos, pero no es necesariamente lo que tenemos en la realidad.

Más aún, el tema que confronta al ejecutivo federal con la Suprema Corte se fue mezclando con otros asuntos igual de importantes para el país. No hay que olvidar, por ejemplo, que la Corte se encuentra en pleno proceso sucesorio en la presidencia de ese organismo, así como en la incorporación de nuevos integrantes. Esto, desde luego, tensiona no sólo las relaciones internas sino, también, con los otros poderes que buscan intervenir en ambos aspectos. Todos los presidentes tratan de influir no sólo en los temas que trata la Corte sino, además, en la composición de sus integrantes; de tal manera que puedan colocar ministros afines a sus propuestas de gobierno.

Para complicar aún más las diferencias entre la Corte y el Ejecutivo, se sabe que el hoy finado líder de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, habría negociado con el morenista, Ricardo Monreal, incidir en la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de que fuese declarada gobernadora electa, Martha Ericka Alonso, candidata impugnada a la gubernatura del Estado de Puebla por el recién converso a las filas de Morena, Miguel Barbosa. Este pacto habría permitido procesar, por un parte, la elección del nuevo ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara; y, por otra, declarar válida la elección de Puebla que permitió a Martha Érica Alonso asumir el poder en esa entidad.

Al mismo tiempo, se fraguaba una rebelión de magistrados del país en contra de la reducción salarial, misma que se vio estimulada por estas contradicciones, cuando el ministro, Alberto Pérez Dayán, dio entrada a la controversia por la ley de remuneraciones recientemente aprobada por la Cámara, misma que suspendió la ley respectiva.

En la polémica, el presidente señaló que los sueldos de los ministros de la corte alcanzaban los 600 mil pesos mensuales, lo cual consideraba un exceso. En respuesta, uno de los ministros se subió al ring declarando que nadie en la Corte ganaba esa cantidad. En efecto, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año, los salarios de los ministros de la corte alcanza una cantidad cercana a los 580 mil pesos mensuales. Aunque algunos discuten si esto merece ser discutido o no, lo cierto es que el tema no puede ser trivializado argumentando que existen otros más relevantes que nos deberían estar ocupando.

Como la autocrítica no forma parte de los activos que rigen las acciones de la burocracia en México, se requiere hacer presión desde la sociedad para señalar que no sólo es importante discutir el tema de los salarios sino, además, convocar a la moderación resulta un imperativo frente a las condiciones tan desiguales existentes en el país.

Sin lugar a dudas se puede o no estar de acuerdo con el presidente, pero discutir e incluso proponer una disminución en los ingresos de la alta burocracia no es un tema que pueda desecharse a la primera, sobre todo en un país cuyas brechas salariales colocan a la alta burocracia en la cúspide de los privilegiados.

Es cierto, sin embargo, que el problema de la remuneración de la alta burocracia no debería ser obstáculo para encarar otros retos en el deteriorado sistema de justicia del país. Peor aún, cuando dirigimos el análisis hacia los planos locales, no se necesita un doctorado en derecho para reconocer que la justicia es una máquina para generar culpables y no un auténtico sistema para dirimir conflictos de una forma eficiente y justa para los ciudadanos involucrados.

Pero sería un auténtico milagro esperar de la Corte una actitud autocrítica, no es lo que ha distinguido a los ministros en su actuar público. Me temo que el asunto no es de pesos y centavos como algunos intentan minimizar, sino un problema real de moralidad pública en donde nos hemos acostumbrado a los excesos y privilegios que a menudo ostentan los funcionarios estatales en todos sus niveles. Por esas razones es que los cargos públicos resultan tan peleados, cuando lo que impera es el irrefrenable deseo de beneficios personales y convertir la función pública en el medio del enriquecimiento en un contexto de privaciones masivas y pobreza lacerante.