La alerta previa al desastre en Chiapas

La Marcha de las Putas: 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Foto: Francisco López Velázquez

El próximo 18 de mayo  se cumplen los primeros seis meses de que la Secretaría de Gobernación decretara la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en 7 municipios de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula).

El mismo día que se decretó para Chiapas en 2016, se hizo lo mismo para 5 municipios de Nuevo León y fueron tres estados los que precedieron a esa declaratoria, Estado de México y Morelos en 2015 y Michoacán en junio de 2016; le siguieron Veracruz el 23 de noviembre de 2016 y el más reciente en 5 de los 18 municipios de Sinaloa el 31 de marzo de este año.

El pasado 21 de abril, una representación de un conjunto de más de 20 organizaciones sociales, estudiantes, artistas y personas individuales denominadas Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, asistió a la reunión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) realizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en seguimiento a la Declaratoria de la AVG en el estado, donde señalaron lo que llamaron una falta de compromiso de las instituciones federales y estatales para la implementación de acciones inmediatas para atender la alerta y expresaron su desacuerdo en la desarticulación que presentaron los planes de trabajo del Gobierno del Estado y los 7 municipios incluidos en la declaratoria.

​La realidad es que los números no mienten y parecen darles la razón. Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la solicitud de información 186117 hecha por el Observatorio Ciudadano Chiapas a la entonces Procuraduría General del Estado de Chiapas, en 2016 se denunciaron 748 casos de violación sexual en Chiapas, de los cuales 94.92% fueron cometidos hacia mujeres, más de la mitad de ellos a niñas menores de edad. Chiapas ocupó en 2016, el onceavo lugar a nivel nacional con la tasa más alta de denuncias por este delito por cada 100 mil habitantes.

​Si 2016 no fue un buen año para las mujeres y las niñas en Chiapas, 2017 parece ser peor. La tasa de denuncias por violación sexual de enero a marzo de 2017 es 3.98% mayor a la cifra del mismo periodo de 2016, y al menos en los últimos 15 meses, esta cifra ha permanecido superior a la tasa nacional. Además, el porcentaje de menores de edad en tales denuncias ha incrementado de 48.81% en el primer trimestre de 2016, a 52.94% en el mismo periodo de 2017.

​Si revisamos la cifras a nivel municipal, encontramos también que 6 de los 7 municipios incluidos en la AVG presentan ya durante el primer trimestre de este año, tasas de denuncias por violación sexual por cada 100 mil habitantes superiores a la tasa nacional que es de 2.49, siendo Palenque, Comitán y Villaflores los municipios con las tasas más altas del periodo, con 7.94, 6.75 y 6.48 denuncias por cada 100 mil habitantes.

​La realidad es que las mujeres y niñas del país y del mundo están en grave riesgo y no desde hace poco tiempo. La organización mundial de la salud ha publicado estimaciones que indican que 1 de cada 3 mujeres en el mundo (35%) han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida y el 38% de los asesinatos a mujeres en el mundo son cometidos por su pareja masculina.

La otra realidad es que parece que las autoridades no saben cómo lidiar con esto, y la violencia ejercida contra las mujeres y niñas es un problema de salud pública que tiene altos costos sociales y económicos para ellas, sus familias y para la sociedad en su conjunto. La violencia no solo debe castigarse, sino prevenirse y sobre todo atender a las víctimas.

Los esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil por monitorear, visibilizar, dimensionar, analizar y presentar los casos, las cifras, las consecuencias y elaborar propuestas hacia la incidencia en políticas públicas, deben ser tomados cada vez más en cuenta por las instituciones públicas, de todos los niveles de gobierno y de los tres poderes.

Trabajar hacia la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea de todos y todas, y urgen no solo acciones inmediatas, sino innovadoras. Porque para alcanzar normas culturales más pacíficas, es impensable que la mitad de la población, se vea oprimida por la otra mitad, de forma personal, colectiva y/o institucional.

En México, vivimos desafíos extraordinarios que requieren de estrategias extraordinarias y mientras nos organizamos, podemos recordarnos que las alertas se declaran para tomar acciones que ayuden a prevenir posibles desastres, y en Chiapas, llevamos ya casi 6 meses en alerta esperando esas acciones que prevengan desastres mayores.

*Observatorio Ciudadano- Chiapas