Encubrimientos, dilación de la justicia, fallas en la investigación y malas praxis fueron reveladas en el sexto y último informe sobre el Caso Ayotzinapa que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), todas estas fallas son las responsables de que no se sepa nada de los 43 normalistas que continúan desaparecidos.
Después de la detención arbitraria de los tres integrantes del colectivo Huerto Rabia y Memoria tras la plantación “sin permiso” de algunas milpas de maíz sobre la calle Federalismo, el colectivo ha decidido seguir su lucha, ahora con más fuerza, ya que frente a la apropiación del espacio público por parte del Estado y la poca accesibilidad que tienen a las personas a lo que, por derecho, les pertenece, no queda más que luchar y resistir con dignidad.
El acceso a una vivienda digna es uno de los grandes retos para las y los jóvenes, pues el precio de los bienes inmuebles ha crecido de tal manera que cada vez les será más complicado el tener una vivienda propia. Pero este no sólo es un problema a futuro, sino una problema que ya experimentan quienes deciden salir de sus ciudades de origen para estudiar en otro municipio y país.
Mediante un plantón cultural frente a Palacio Nacional el pasado sábado 15 de julio miembros del Congreso Nacional Indígena y diversos colectivos indígenas se manifestaron para pedir un alto a la guerra contra las comunidades zapatistas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por parte de grupos paramilitares.
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Jalisco realizaron una mega marcha para demandar que la búsqueda de personas desaparecidas, esto tras el anuncio que el gobernador, Enrique Alfaro, hiciera tras el ataque que cobrara la vida de seis personas que acudieron a un búsqueda en campo; además también denunciaron revictimización por parte del titular del poder ejecutivo del estado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como inconstitucional las reformas a la Ley del Registro Civil de Jalisco que realizaron las y los diputados del Congreso del Estado en abril de 2022, ya que no contemplaron el cambio de identidad de género a niñas, niños y adolescentes menores de edad. En esa ocasión también se aprobaron una serie de reformas sobre los derechos de la población LGBTIQ+ en el estado.
Este hombre ahora quiere que ella pierda la patria potestad del menor de edad e interpuso en su contra una denuncia por violencia que le impide tener derecho a convivencias con su hijo desde hace más de un año.
Entre enero de 2018 y abril de 2023, en Jalisco se han detenido a 553 personas por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, pero de estas personas detenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco, sólo 21 han recibido una sentencia condenatoria, lo que significa que sólo en el 3.97% de las detenciones el ministerio público pudo probar la participación y culpabilidad.
Más de mil personas marcharon en Guadalajara exigiendo políticas públicas más fuertes contra el maltrato animal, mientras denuncian casos impactantes de crueldad sin sentencias judiciales en Jalisco.