Personas desplazadas por la situación de violencia que se vive en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, así como organizaciones que las acompañan, dieron a conocer la resolución de un amparo que exige se cumpla con el plan de protección prometido desde noviembre del 2022 para la comunidad Coloradas de la Virgen. Cuatro autoridades, tres federales y una estatal, impugnaron el fallo judicial.
La propuesta fue presentada a mediados de marzo y es analizada en el Congreso local. Sin embargo hay voces que consideran que una nueva ley no necesariamente atenderá el fondo del problema, que ha sido denunciado durante décadas y que las autoridades no han atendido
Para personas de comunidades indígenas, la creación de “acciones afirmativas” para acceder a cargos de elección popular está más cerca de ser una simulación que de garantizar la llegada de personas de pueblos originarios a las presidencias municipales, diputaciones y regidurías.
Diversos estudios antropológicos apuntan que el modelo de turismo actual en la Sierra Tarahumara de Chihuahua reduce la cosmovisión de los pueblos originarios a un simple producto de consumo y perpetua el despojo de sus territorios y recursos naturales. Las comunidades indígenas quieren cambiar las formas de hacer turismo, pero a los empresarios y autoridades gubernamentales poco les interesa.
La organización dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Chihuahua busca a través de siete foros públicos que la ciudadanía chihuahuense pueda conocer más de cerca la historia de resistencia de las comunidades que luchan en la Sierra Tarahumara, así como del acompañamiento que han realizado en sus 25 años de trabajo.
Los defensores rarámuri de territorio, Miguel Manuel Parra y Luis Javier Pérez Enríquez, llevaron las denuncias de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, ante los Estados miembros de las Naciones Unidas en el 23o. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
Con la creación de contralorías ciudadanas del agua, las personas se han propuesto impulsar políticas públicas e incidir para el mejor uso del agua, ante la crisis que se vive en todo el país por este recurso natural.
Durante una protesta en el Tribunal Superior de Justicia, varias mujeres condenaron la falta de perspectiva de género en la impartición de justicia, y exhibieron casos que ejemplifican esa problemática que, en varios casos, ha colocado a los agresores por encima de las víctimas
Desde el 2001 se encuentra ese antimonumento frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, un espacio que se ha convertido en punto clave para exigir justicia y denunciar la impunidad de las autoridades ante la violencia que hay contra las mujeres y sociedad en general.