Las autoridades de Chihuahua se negaban a entregar a un ciudadano la información pública sobre los elementos de seguridad y los recursos económicos que se destinaron a los operativos realizados durante la marcha del Día Internacional de la Mujer.
Otra de las medidas cautelares fue el evitar contacto con personas que han testificado en su contra, con peritos o con personas coimputadas en ese caso, dado que se consideró existe un riesgo para ellas. Uno de los testigos acusó haber sido amenazado personalmente por Duarte y por personas apegadas al exmandatario.
Según el Fiscal General del Estado, César Jáuregui, están pendientes de recibir la autorización del gobierno norteamericano para procesar a Duarte por otras 18 causas penales, sin embargo, solo es juzgado por una. La otra causa, por la cual fue vinculado a proceso en agosto del 2023, quedó sin efecto por orden de tribunales federales.
Varias personas se sumaron a la iniciativa de poner el nombre de personas desaparecidas en las boletas electorales, como un acto de memoria y exigencia de justicia a las autoridades. Entre esos nombres está el de Alicia de los Ríos Merino, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y desaparecida por el gobierno mexicano en 1978.
A las personas que fueron desplazadas por la violencia, principalmente de la Sierra Tarahumara y Tepehuana hacia las ciudades, no solo les arrebataron su territorio y su vida en las comunidades, sino también el derecho a poder votar para impulsar algún cambio en sus regiones
El documental La Guardia Blanca narra la historia de tres comunidades en México víctimas de la cooperación entre empresas, políticos corruptos y grupos criminales armados, para despojarlas de su territorio y recursos naturales.
A Evamaría Lozano le negaron la posibilidad de aparecer con su velo islámico en la fotografía de su pasaporte, aunque hay acuerdos internacionales al respecto y esto se permite en países como los Estados Unidos de América. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que decidir si esto es posible o no.
Las clínicas y hospitales de Chihuahua deberán proveer los servicios necesarios para que las mujeres y personas gestantes que quieran abortar de manera voluntaria puedan hacerlo sin ser criminalizadas. Colectivas y organizaciones celebran el fallo, ya que no es necesario esperar a que los diputados y diputadas del Congreso reformen el Código Penal estatal, lo cual han evadido por dos legislaciones.
El Tribunal Estatal Electoral dice que atiende los casos con pertinencia intercultural. Sin embargo, desechó esta impugnación porque el gobernador indígena se pasó de los 4 días que establece la norma electoral para presentar inconformidades y por ende no estudió el fondo del asunto