En 1996, el gobierno estatal de Chihuahua y el gobierno y federal se comprometieron a invertir e impulsar el desarrollo de los pueblos de la Sierra Tarahumara a través de proyectos que poco los han beneficiado. En medio del incremento de la violencia en su territorio, una crisis de sequía y persecuciones penales, las comunidades se han organizado nuevamente para crear una serie de propuestas que ofrecen resarcir, en la medida de lo posible, los daños de más de dos décadas de abandono.