Desde hace una década, el registro de las personas desaparecidas en México ha sido una herramienta que no sirve para identificar y localizar personas extraviadas como era su objetivo. Durante los tres sexenios en los que ha funcionado, ha mantenido quizás una única función: servir como un marcador opaco, incompleto y burocrático —no ajeno a oportunismo político, rasuramientos y ambigüedad de criterios— que oficializa la cifra de personas desaparecidas, la cual acaba de rebasar las 100 mil víctimas. Por Efraín Tzuc Año y medio antes de concluir su mandato, el presidente Felipe Calderón escuchó por primera vez el reclamo […]
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