San Gerardo, la empresa controlada por la familia, vigila de forma permanente a los habitantes de Santa María Chi y amenaza con intensificar la judicialización de la resistencia popular. Detalles de un modus operandi que avasalla derechos y libertades civiles
La persecución en contra de los habitantes de Eloxochitlán ha escalado en las últimas semanas, después de que un menor muriera a manos de la policía al intentar evitar que encarcelaran a su padre, acusado, como cientos de pobladores más, de asesinar y agredir en 2014 a un grupo que disputaba el control de la asamblea comunitaria
La Fiscalía General de la República acusa a los militares de delincuencia organizada y desaparición forzada por el caso Ayotzinapa
María Fernanda Catalina Rico Vargas murió hace 8 años en circunstancias sospechosas. El ministerio público de San Agustín (Ecatepec) se apresuró a calificarlo de suicidio, pero su familia ha documentado negligencias y omisiones; acusan que se trató de un feminicidio
Pasaron tres meses del plazo de seis para la salida de la cervecera Constellation de Mexicali y no hay movimiento de la empresa, de acuerdo con activistas que se organizan para supervisar que la cervecera desmonte la planta. Urgen a Semarnat que se retire la cervecera en una reunión donde aseguran: “Ya llegamos al límite”
Cambio climático, violencia y marginación son las principales causas del desplazamiento forzado en América Latina. Ante esto, expertos presentan un sistema para prevenir este fenómeno
Antes de 1991, Chuquicamata tenía 30 mil pobladores; ahora, el pueblo forjado por mineros es solo un recuerdo. La contaminación expulsó a todos. Año con año, la gente asiste a un festival de la nostalgia
Dos defensores del bosque de San Pedro Tlalcuapan, en Tlaxcala, han sido acusados de cometer delito que no cometieron. El objetivo, aseguran organizaciones de derechos humanos, es obligarlos a que abandonen la defensa de su territorio
Un juicio de amparo podría hacer que los cenotes de Yucatán sean reconocidos como sujetos de derechos. Esta medida reforzaría los candados legales ante megaproyectos y acciones que afecten directamente al territorio, la ecología y el medio ambiente