Por Delmar Méndez Gómez. En más de una de las causas, el Estado mexicano se encuentra implicado junto con sus instituciones, al gestionar y administrar los conflictos y la violencia que se expresa, en este caso, sobre los desplazados quienes, al no atender sus demandas, son considerados como “cuerpos que no importan”. Es la lógica de la biopolítica estatal: unos viven y otros mueren.
Entre los activistas, sin embargo, prevalece el ímpetu de seguir movilizados y lo hacen de maneras diversas, con acciones de tipo cultural, performativo o soterradas, procurando disminuir el costo de la represión o bien desde el exilio, entre jóvenes que buscan que las condiciones en Nicaragua mejoren para poder volver.
Por Jesús Solís. Realizar foros abiertos para construir el plan de gobierno en Chiapas, como ahora ocurre, no es menospreciable como mecanismo. Lo vergonzoso será que con base en estos se busque legitimación de prácticas políticas viciosas en el gobierno.
Por Flor María Pérez Robledo. El nuevo gobierno tendrá necesariamente que recomponer las relaciones con sus pares en la región, construyendo al mismo tiempo una agenda multilateral que pueda generar equilibrios en la relación con el vecino del norte, que ahora ha amenazado con militarizar la frontera y ha chantajeado a los gobiernos centroamericanos con retirar la ayuda económica a sus países si no actúan en el sentido que lo ordena.
Por Manuel Ignacio Martínez Espinoza. A partir de sus planteamientos básicos, Sembrando Vida emerge como una estrategia pertinente debido a que busca atender 6 retos apremiantes de México en materia de desarrollo social: la pobreza en el ámbito rural, la soberanía alimentaria, la vinculación de la política social con el empleo, la dispersión de los programas, la cohesión social y la deforestación como factor de degradación ambiental.
El gobierno central no puede seguir, a pesar del pacto federal, reproduciendo un modelo “finqueril” en los estados, donde los gobernadores son omnipresentes y omnipotentes, dadores de vida y muerte de una población inerme, vulnerable frente a los poderes fácticos y constituidos. Es tiempo de llamar a cuentas a los gobiernos de los estados, en el marco de respeto al pacto federal, que no significa impunidad y corrupción.
Las recientes elecciones en Brasil han trazado una distancia abismal entre el horizonte “posibilitador” de una democracia sustancial –restaurada en 1985 – y el ejercicio instrumental del voto. Los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 7 de octubre, podrían legitimar la instalación y entrega del Estado a un proyecto ultraconservador que re-posiciona a la más recalcitrante élite militar y a un ortodoxo fascismo en la dirección política del Estado brasileiro.
En pocos lugares los procesos electorales son tan polémicos como en los municipios indígenas de Los Altos de Chiapas en donde, tras la llegada de los partidos políticos, se han originado múltiples enfrentamientos, rupturas comunitarias, el desplazamiento forzado de familias, e, incluso, asesinatos, que son reconocidos por darse antes, durante y después de un periodo electoral.
El exilio de jóvenes nicaragüenses es algo que debe colocarse hoy en la palestra de todos los gobiernos involucrados, anteponiendo un horizonte ético que coloque en el centro la vida, más allá de las ideologías políticas.