Las medidas coercitivas aplicadas en contra del pueblo de Venezuela representan la política de estrangulamiento que Washington ha aplicado por seis décadas al pueblo cubano, con la esperanza de que una oposición interna o un golpe militar genere un movimiento contrarrevolucionario que derroque al gobierno legítimo (lo que sucedió en Bolivia).
Se hace necesario repensar las políticas sociales que propone la 4T para superar las condiciones de pobreza, marginación, desigualdad, exclusión y discriminación que histórica y estructuralmente han vivido los pueblos indígenas, así como los sectores populares y subalternizados del país; que no solamente están condicionados por las deficientes políticas sociales sino, además, por un profundo problema estructural, de fondo.
El hiperconsumo es la fuente primordial de acumulación de capital, el capital financiero se encarga de acicatear el consumo hasta de los que menos tienen. Se inventó el crédito al consumo, los microcréditos, las casas de empeño, etc., para mantener y reproducir a escala ampliada el consumo y agrandar las fortunas de los grandes capitalistas. Como ha dicho Bauman[xiii], “se ha perdido la posibilidad de encontrar un atajo que conduzca a un mundo más habitable para los seres humanos”.
Chiapas sí exige un cambio estructural. Promesa y esperanza se agotaron, para gestar, en más de treinta años de neoliberalismo, procesos de descampesinización que no sólo provocaron una anárquica dinámica migratoria campo-ciudad, sino también una alteración de modos de vivir, de pensar e imaginar.
Bolivia comenzó el año 2020 con el llamado a nuevas elecciones nacionales para el próximo 3 de mayo y una brutal impronta contra la estructura y los procesos indígenas del ahora endeble proyecto plurinacional. En medio de la convulsión política derivada de las acusaciones de fraude electoral, un golpe de Estado y una violenta persecución, encarcelamiento y represión contra líderes y bases indígenas “masistas” así como de diplomáticos venezolanos, mexicanos y médicos cubanos, el juego electoral se anuncia en medio de la violencia y un degradante Estado de excepción.
La multiplicidad de barreras que les son impuestas a los sujetos migrantes rebasa lo humanamente permitido. Deportación, expulsión violenta y criminalización son los dispositivos que están detrás de las políticas migratorias, no sólo en EEUU, sino en México y otros países.
Por Daniel Villafuerte Solís. Tapachula ha experimentado a lo largo de las últimas cuatro décadas transformaciones económicas significativas.
Aunque el programa parece muy generoso y prometedor, en la práctica tiene serias dificultades, entre éstas la composición del campesinado actual y la dinámica del mercado derivada de las políticas neoliberales. Por lo que, dichas transferencias terminan fortaleciendo el consumo de mercancías y la reproducción de capital.
lguna vez Torres-Rivas afirmó que Centroamérica tiene memoria en la piel, con cicatrices visibles y palpables causadas por una historia social, económica y política que ha configurado un escenario adverso, marcado por la violencia, por los conflictos armados, el despojo y la privatización de los recursos naturales, provocando una constante persecución política, mayor desigualdad social y la migración internacional de miles de centroamericanos.