La modernización o embellecimiento de entradas a las ciudades parece más una decisión de alcoba que una política de gobierno. Solo de esa manera se explica invertir en ello los recursos económicos que podrían disminuir la pobreza extrema. Decidir la inversión, como se hizo en este caso, revela superficialidad en las políticas y discriminación en la asignación de los recursos.
La censura puede manifestarse de múltiples maneras, entre ellas interesa destacar aquellas que se presentan en nuestro contexto: las subvenciones gubernamentales a ciertos medios de comunicación en detrimento de otros y con la idea de modificar o influir en su línea editorial; la difusión obligatoria de ciertos eventos, discursos o acontecimientos; la presión coactiva sobre la orientación o la información de los medios; incluso la prohibición de difundir ciertas ideas.
La tortura descrita, además de otras que sufrieron cinco involucrados más, ocurrió en las mismas instalaciones de la Fiscalía Especializada para los Delitos cometidos por la Delincuencia Organizada, la temible FECDO, y el actuario federal, escoltado por los mismos policías que practicaban la tortura, simplemente anotó que los inculpados manifestaron estar bien. El caso confirma la triste realidad: la tortura es una práctica generalizada también en Chiapas…pero la impunidad también.
Agustín Gómez Pérez se encuentra en condición de gravedad, su vida peligra. El gobierno del Estado debe asumir la responsabilidad de su omisión. La falta de operación política oportuna y eficiente, aunada a la ausencia de mecanismos eficaces y autónomos para proteger los derechos humanos, genera que los conflictos se desborden y que los derechos de las personas se vulneren.
La designación como rector de un miembro del gabinete de gobierno sugiere un movimiento al interior del gobierno del Estado, el cambio de una secretaria de gobierno a otra, de la Secretaría de Salud a la universidad, o viceversa, como fue también el caso.
La Junta de Gobierno no puede designar a una persona que no cuente con el respaldo de la comunidad universitaria, de lo contrario no estaría atendiendo la voluntad universitaria y la designación sería arbitraria. Lamentablemente ha sucedido.
El Estado mexicano ha sido rebasado en el caso Ayotzinapa, y ha mostrado su incapacidad para atender la situación. Es hora de dar paso a otras alternativas de investigación. La Red Iberoamericana de Jueces, sugirió hace poco la integración de una Comisión Internacional contra la Impunidad, como la que se creó en Guatemala en 2006.
En México, desde hace algún tiempo se cuestiona si el gobierno se ejerce efectivamente en ciertas regiones del país, o, si quien ejerce el gobierno son organizaciones criminales. La muerte y desaparición de estudiantes en Guerrero, parece fortalecer la última hipótesis. Las crónicas y reportajes sobre lo ocurrido con los estudiantes, y el contexto en que se presenta, revelan que el municipio de Iguala es un área bajo gobierno directo de la delincuencia organizada, y resulta inconcebible pensar que el gobierno del estado se encuentra al margen de esa situación.
La impunidad ha protegido a los responsables y durante más de tres décadas no se llevo a cabo ninguna investigación seria sobre estos eventos, pese a los persistentes reclamos de justicia de los familiares de las víctimas y los mismos sobrevivientes. El régimen autoritario que imperó en México por más de setenta años (gobernado durante este tiempo por el Partido Revolucionario Institucional), impidió que los hechos fueran investigados.