En Chiapas experimentamos un proceso de degeneración política cuyas repercusiones golpean directamente en nuestra de por sí denigrada e incipiente democracia. Lo lamentable –y reprobable—es que tenga su génesis en las entrañas de un gobierno que mira al estado como un botín político y económico para acrecentar su poder sexenal y transexenal, y no como una sociedad habitualmente vilipendiada, ávida de justicia en todas sus manifestaciones.
La semana pasada el Congreso local aprobó la reforma de varios artículos constitucionales para homologar los cambios que se hicieron a nivel federal en materia político-electoral. Los legisladores le jugaron rudo a sus representados. En un acto alevoso y contrario al sentir ciudadano, no sólo establecieron la reelección consecutiva de diputados sino que ésta podrá concretarse hasta por cuatro periodos de tres años cada uno.
Los “verdes” son pragmáticos, frívolos y desdeñan los valores democráticos, y así se seguirán conduciendo en aras de ensanchar su capital político. El riesgo está en que en su afán de concretar su estrategia de poder regional, del estado salgan recursos para financiar campañas en entidades vecinas que mengüen aún más las de por sí disminuidas arcas públicas.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) designó a su dirigente estatal y lo hizo fiel a su naturaleza: antidemocrática, populista y arcaica. El domingo 15, el diputado local Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor fue ungido como líder en Chiapas en una asamblea masiva que sustituyó la convención partidista por el acarreo, y suplantó el debate, la deliberación y el voto razonado por los gritos, las porras y las matracas.
El tiempo de amarrarse el cinturón duró muy poco, al menos para los legisladores y muchos alcaldes. Desde principios de este año, los diputados se restituyeron su sueldo mensual bruto de 91 mil 318 pesos, que menos impuestos se convierten en 66 mil 866 pesos netos. La cifra global que reciben al mes los 41 representantes asciende a 2 millones 741 mil 506 pesos.
Con la integración de la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova a la crisis de legitimidad por la cual atraviesa su administración, derivada del generalizado descontento ciudadano frente a la caótica situación que vive la capital desde hace varios años en materia de infraestructura urbana.
El PRI tiene la certeza de que cuenta con la fuerza suficiente para ganar por sí mismo los comicios del próximo año, que son fundamentales para preparar el camino de la sucesión en la gubernatura. Y después de 18 años de no tener el poder completo, es lógico que en el 2018 quiera ir por todo. La disputa con el Verde se está dando en todos los planos, hasta en los lemas partidistas; los priístas se promocionan ahora como “Rojos de corazón”. Vendrán nuevas batallas.
La improvisación y la falta de sensibilidad, volvieron a hacer mella en Turismo. La decisión de modificar los arcos del edificio municipal de Chiapa debió ser comunicada a la sociedad con detalle (justificación del cambio arquitectónico, maquetas) para no tomarla desprevenida y desinformada, y en el caso de haber una reacción opuesta, poder atenuar los costos de una eventual cancelación del proyecto.
La naturaleza democrática y función de gestor del cambio de los partidos políticos, se han desfigurado para mutar en agencias electorales comandadas por una élite burocrática usufructuaria del presupuesto público y de los puestos de poder a los que tiene acceso vía el sufragio.