El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) exigió el respeto a sus derechos, esto materializado en la consulta libre, previa, informada para los pueblos originarios de la propuesta para la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque.
Otros Mundos AC, organización ambientalista con sede en San Cristóbal de las Casas, respaldó la petición hecha por Amigos de la Tierra Internacional sobre el T-MEC y su impacto en la agricultura de México, en especial sobre la producción de maíz.
La oficina para México y el Centroamérica de Artículo 19 recordó en la violencia sistemática ocurrida durante los años 70, por la implementación de operativos para eliminar a las organizaciones político militares activas en el Chiapas.
El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Estado de Chiapas se sumó al llamado del Sistema Nacional Anticorrupción respecto al pronunciamiento en la que se afirma: “México no puede seguir normalizando la corrupción”.
El Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur denunció el incremento en las revisiones y detenciones de personas migrantes en carreteras y en ciudades como Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez esto como parte del despliegue de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).
El Poder Judicial del Estado informó de la sentencia ejemplar hacia Jimmy “N” por cometer feminicidio hacia una victima de identidad reservada; dicho proceso judicial tardó más de 13 años, en la que inclusive el autor material fue puesto en libertad.
*El hoy servidor público fue señalado por el padre Marcelo Pérez de haberlo amenazado de muerte; y hasta pagar 400 mil pesos para quien lo asesinara.
Gerardo Coutiño Montes, investigador y economista de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), visualizó un nuevo arribo de elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur con el fin de blindarlo, esto ante los acuerdos establecidos para el freno de la migración y el paso de drogas de México hacia Estados Unidos.
Front Line Defenders expresó su preocupación por la criminalización y la violencia contra Mario Gómez López y su familia, debido a que consideran se debe únicamente a su legítima labor de derechos humanos en defensa de su comunidad.