40 años del Congreso Indígena, sigue lucha derecho a la tierra en selva Lacandona
Habitantes de la Selva Lacandona. Foto Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO
A 40 AÑOS DEL CONGRESO INDÍGENA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, APOYAMOS LA LUCHA POR LOS DERECHOS A LA TIERRA, AL TERRITORIO Y AL USUFRUCTUO Y MANEJO COMUNITARIO DE LOS BIENES NATURALES EN LA SELVA LACANDONA
El día de hoy –522° aniversario de la violenta irrupción de los conquistadores europeos- se cumplen también, 40 años de la realización del Congreso Indígena de San Cristóbal de las Casas, momento histórico fundacional del movimiento de resistencia indígena en Chiapas e, incluso, nacional.
Este histórico -e insólito para su época- evento, promovido y alentado por la Diócesis encabezada por el obispo Don Samuel Ruíz (Tatic Samuel), se vio sustentado desde sus bases, por centenares de indígenas catequistas, tseltales, tsotsiles, choles y tojolabales, formados bajo la visión de la Teología de la Liberación, fueron las semillas que germinaron en la oleada de movimientos y organizaciones indígenas que a partir de entonces reivindicaron, en Chiapas y, particularmente, en la Selva Lacandona, sus derechos a la tierra, al territorio, a la justicia y a una vida digna, constituyéndose en la raíz original del propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
(ver: https://www.youtube.com/watch?v=Z-eUV82wUSM )
Fue durante los trabajos de este Congreso, en el que, en voz de delegados tseltales de la selva, se escuchó por primera vez la denuncia pública respecto a amenazas de desalojo violento de parte del gobierno federal, a las 47 comunidades indígenas asentadas dentro del inmenso polígono (614 mil hectáreas) que integraban el ilegal e ilegítimo Decreto de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales a favor de la llamada Comunidad Zona Lacandona (CZL) emitido por el gobierno federal en marzo de 1972.
Los resultados del Congreso alentaron a la mayoría de esas 47 comunidades de la selva –alentados y asesorados por jóvenes profesionistas y estudiantes de formación maoísta- a constituir, a fines de 1975, la Unión de Ejidos Quiptic Ta’ Lecubtesel (Unidos para Progresar), una de cuyas banderas principales de lucha se centró en la consigna NO A LA BRECHA LACANDONA – NO A LOS DESALOJOS. (ver: https://www.youtube.com/watch?v=bm1VZUxrYsY )
A partir del trabajo organizativo de la Quiptic se constituye en 1980, la Unión de Uniones y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas (Unión de Uniones), que llegó a integrar a más de 12,000 familias indígenas, ya no sólo de la selva, sino también de la zona norte y de los Altos de Chiapas, mismas que en su mayoría conformarían posteriormente la base social clandestina del EZLN.
La Unión de Uniones recoge y reivindica la consigna de la Quiptic, relativa a NO A LA BRECHA LACANDONA – NO A LOS DESALOJOS, logrando en enero de 1989, el reconocimiento y la regularización agraria de 26 ejidos ubicados en las Cañadas de la selva, para luego sufrir escisión tras escisión, a causa del levantamiento armado y a una eficiente labor del Estado, que aprovecha las diferencias político ideológicas, la corrupción y la ambición de dirigentes y asesores, creándose a partir de ella hasta tres diferentes Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARICs): la Independiente y Democrática (ARIC ID); la ARIC Unión de Uniones Histórica y la ARIC oficial (priísta y ya extinta).
Sin embargo, la conflictividad agraria y socioambiental de la Selva no se resuelven con este reconocimiento; al contrario, se agravan primero, con el decreto de Reserva de Biosfera Montes Azules (REBIMA-1978); luego, con el reconocimiento como subcomunidades de la CZL, de los poblados de Nueva Palestina y Frontera Corozal (integrados por 21 comunidades tseltales y ch’oles reubicadas forzosamente – 1978) y, posteriormente, con la guerra de baja intensidad y consecuente desplazamiento de comunidades y familias, ocurrido en Chiapas a partir de 1994.
De tal suerte que para 2002, existen 45 poblados ubicados dentro y en los límites de la CZL y de la REBIMA –y por lo mismo señalados como irregulares, invasores y depredadores ecocidas- amenazados de desalojo. 12 de estos poblados pertenecen a la ARIC ID y al menos 8 son reconocidos posteriormente como suyos por los zapatistas.
Obedeciendo a intereses corporativos multinacionales, disfrazados de filántropos conservacionistas y vinculados a Fundaciones Internacionales y Ongs locales, los gobiernos federal y estatal impulsaron y desarrollaron entre 2003 y 2012, una agresiva política de despeje territorial y despojo social, que, violentando derechos colectivos fundamentales, implicó la reubicación forzosa y-o el desalojo violento, de 42 de los 45 pequeños poblados indígenas señalados, llegándose al caso de la impune masacre operada contra el pequeño poblado de Viejo Velazco (13 de noviembre, 2006) que costó la vida a una mujer embarazada, seis ancianos y dos agresores.
Sólo 3 de esas 45 comunidades –Nuevo San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, pertenecientes a la ARIC ID- sobrevivieron a esos desalojos, logrando desde 2012 la firma y posterior ratificación en abril 2014, de un Acuerdo con la Comunidad Zona Lacandona -representada por el comisariado de bienes comunales, Chankín Chimbor Chambor- mediante el cual se reconoce el legítimo e histórico derecho a la tierra, al territorio y al usufructo de los bienes naturales, de esos tres últimos poblados localizados dentro de la superficie de la llamada Comunidad Zona Lacandona, avanzando así en su justo proceso de regularización de sus derechos agrarios.
De inmediato, dicho Acuerdo es desconocido por las autoridades ambientales (CONANP-SEMARNAT) y por el gobierno de Chiapas, reiniciando las amenazas de desalojo. Luego de ello, se suceden en la Lacandona una serie de delicados eventos sociopolíticos, que van desde el supuesto secuestro de Julia Carabias; la elección de un presidente de comisariado de la CZL, tseltal de Nueva Palestina (desconocido por las autoridades agrarias y por un sector de maya caribes vinculados con la Carabias y con el gobierno estatal); la retención de integrantes de la supuesta ONG Na’Bolom; la detención y reciente liberación de Gabriel Montoya Oceguera (exdelegado de gobierno de la selva 2003-2006 y operador de desalojos –masacre incluida- y luego, asesor de autoridades comunales maya caribes y tseltales de la CZL); detención y posterior liberación, de 28 comuneros encabezados por el actual comisariado de bienes comunales; acompañado todo esto de intensas movilizaciones de las bases de la ARIC ID y de la subcomunidad de Nueva Palestina, quienes exigen –además de la liberación de Montoya- el reconocimiento del acuerdo agrario y la regularización de los tres poblados; la expulsión inmediata de Julia Carabias y la devolución del territorio ocupado por sus hoteles de ecoturismo (Chajul y Río Tzendales), así como la salida de toda Ong conservacionista que pretenda lucrar con el territorio y bienes naturales y culturales de la CZL.
Frente a todo esta historia agraria y socio-ambiental, y de cara al complejo contexto existente hoy día en la Selva Lacandona, como Maderas del Pueblo del Sureste, AC, organización no gubernamental comprometida con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos de la naturaleza, con más de 14 años de conocer directamente y de vincularse comprometidamente con la problemática de dicha Bio-región, el día de hoy, en la simultánea conmemoración del 522° aniversario de la violenta irrupción de los conquistadores europeos y de los 40 años de la realización del Congreso Indígena de San Cristóbal de las Casas,
NOS PRONUNCIAMOS PÚBLICAMENTE, POR:
Señalar que consideramos prioritaria la preservación efectiva de la Selva Lacandona, tanto por la gran diversidad biológica que posee, como por los invaluables servicios hidrológicos y climáticos, que, como bienes naturales comunes, ofrece al pueblo mexicano y al mundo.
Manifestar, en ese sentido, que estamos comprometidos con la defensa de los derechos de la naturaleza y por ende, con la citada preservación de la Selva Lacandona, pero consideramos que esta preservación debe quedar en manos de los Pueblos Indígenas y de sus comunidades, y no a través del establecimiento e imposición de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) bajo control gubernamental, y menos aún, a través de la concesión y privatización gradual de dichas zonas, ni tampoco, de la mercantilización de sus bienes naturales.
Reiterar ante el pueblo mexicano y chiapaneco, nuestra denuncia, en el sentido de la presencia -directa e indirecta- en la Selva Lacandona, de gigantescas corporaciones multinacionales, insertas en la ola mundial del llamado “capitalismo verde”, apropiándose gradualmente del control del territorio y de sus invaluables y estratégicos bienes naturales: agroalimentarias (Monsanto –Savia Séminis); farmacéuticas (Pfizer, Novartis); automotrices (Ford Motors Co.); embotelladoras (Coca Cola) y generadoras de energía eléctrica; embozados todas detrás de supuestas organizaciones no gubernamentales conservacionistas. En este caso concreto, por la Fundación estadounidense Conservation International (CI) y por las organizaciones civiles para-gubernamentales, fundadas y encabezadas por la exsecretaria de medio ambiente, Julia Carabias, y por su asistente y cómplice, Javier de la Maza (“Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, AC” y “Natura Ecosistemas Mexicanos, AC”)
(ver: http://maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/EJERCITOinglesyBIOPROSPECCIONenMAZ.pdf )
Igualmente, reiterar nuestra denuncia pública acerca de los negocios “verdes” que dichas ONGs conservacionistas y la propia Julia Carabias y De la Maza, directamente han desarrollado y establecido en la porción sur de la Selva Lacandona, que van desde el “comercio” de mariposas (ver: http://www.jornada.unam.mx/2000/08/14/oja-selva.html) hasta el establecimiento y operación –a través del uso y desvío de recursos públicos, captados como donaciones al gobierno federal, uno de la Unión Europea y el otro, de la Ford Motors Co.- de dos hoteles de “eco”-turismo de élite y de turismo científico, uno en la desembocadura del río Chajul (en lo que fuera la estación biológica de la UNAM) y el otro, en la desembocadura del río Tzendales, ambos ubicados dentro de la Reserva de Biosfera Montes Azules, motivos por los cuales apoyamos la demanda expuesta por la ARIC ID y por la actual representación de la CZL, de la inmediata expulsión de Julia Carabias de la región.
(ver: http://maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/histbrevelacanchima.pdf y
http://maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/histbrevelacanchima.pdf )
Manifestar una vez más, que es obedeciendo a estos ilegítimos intereses disfrazados de “filantrópicos ambientalistas”, que los gobiernos federal y de Chiapas, desarrollaron entre 2003 y 2012, la agresiva política de despeje territorial y despojo social, operada a través de la reubicación forzosa y-o el desalojo violento de 42 poblados indígenas, violando flagrantemente con ello, sus más elementales derechos colectivos, llegando al extremo de realizar una impune masacre contra el pequeño poblado de Viejo Velazco
(ver: http://maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/ComunicadosMaderas2004-08.pdf)
(Mapa sacado del documento “Problemática de las Áreas Naturales de Chiapas. Junio 2001”, entregado por CONANP al gobernador Pablo Salazar. OJO, los logos corresponden a Conservación Internacional y a la Agencia Internacional para el Desarrollo –AID- del gobierno de Estados Unidos)(ver mapa en añadido PDF)
Expresar nuestro total apoyo a la exigencia de respeto total de los derechos indígenas a la tierra, al territorio, y al manejo y usufructo de los bienes naturales, de todos los poblados y comunidades de la Selva Lacandona, actualmente reivindicados tanto por las Juntas de Buen Gobierno zapatistas existentes en la Lacandona (La Realidad, La Garrucha y Roberto Barrios), como por la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática, e incluso, por el actual comisariado de bienes comunales y por un amplio sector de la propia Comunidad Zona Lacandona.
Exigir una vez más a los gobiernos federal y al de Chiapas -particularmente al llamado Sector ambiental (SEMARNAT-PROFEPA-CONANP)- respeto al Acuerdo agrario firmado entre la ARIC ID y la Comunidad Zona Lacandona, para el reconocimiento y regularización de Nuevo San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal; así como monitorear la situación que guardan hoy día todas las familias indígenas reubicadas de forma forzosa ó desalojadas violentamente entre 2003 y 2011, generando mecanismos de reparación integral del daño.
El respeto total a la libre determinación de los-as integrantes de la Comunidad Zona Lacandona, en cuanto a la elección de su representación comunal, así como de la revisión y adecuación de su Estatuto Comunal;
Rechazar todo intento de criminalizar la protesta social, desarrollada pacíficamente por la organización ARIC ID y por un amplio sector de la Comunidad Zona Lacandona, en pro de sus justas demandas.
Deslindarnos abiertamente –una vez más- de todo apoyo para con el recién liberado, Gabriel Montoya Oceguera, dado que, independientemente de que dudemos de su real participación en el supuesto “secuestro” de Julia Carabias, sí tenemos claro y no olvidamos, la participación de Montoya en todos los operativos de reubicación forzosa y de desalojo violento de comunidades indígenas, desarrolladas entre 2003 y 2006, periodo en el que fungió como Delegado de Gobierno para la Selva Lacandona; especialmente no olvidamos su directa participación en la cruenta masacre de Viejo Velasco, ocurrida el 13 de noviembre de 2006.
(ver: https://www.youtube.com/watch?v=Q9QVLbA3_t0 y https://www.youtube.com/watch?v=IbzYmNzWoGQ)
Reiterar nuevamente la exigencia de justicia, detención y castigo, para los autores intelectuales y operadores políticos de dicha masacre, producto de la cual resultaron asesinados, una mujer embarazada (María Núñez González) y tres ancianos indígenas (Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez y Vicente Pérez Díaz) y desaparecidos, cuatro ancianos más (Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo) siendo que, 3 años más tarde, como consecuencia de estos hechos murió también, Petrona Núñez González, joven discapacitada.
En recuerdo y homenaje a los 45 pueblos reubicados forzosamente o desalojados violentamente entre 2003 y 2012, incluyendo la impune masacre de Viejo Velasco; y en recuerdo también, de los compañeros Porfirio Encino (+) Jan de Vos (+) y Carmelo Chambor (+)
A nombre del Consejo Directivo
Miguel Angel A. García A. – Coordinador General
c.c.p. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU- México, DF
c.c.p. Relator para Pueblos Indígenas de la ONU.- Ginebra, Suiza
c.c.p- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).- Washington, EUA
c.c.p. Amnistía Internacional.- Londres, Inglaterra
c.c.p. Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina (SICSAL).- México, DF
c.c.p. Junta de Buen Gobierno “Hacia la Esperanza” – Caracol: Madre de los Caracoles del Mar de Nuestro Sueño.- La Realidad, Selva Lacandona, Chiapas
c.c.p. Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática (ARIC UU-ID) – Ocosingo, Chis.
c.c.p. Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Histórica -Ocosingo, Chiapas
c.c.p. Congreso Nacional Indígena (CNI)
c.c.p. Red Todos los Derechos para Todos (RTDT).- México, DF
c.c.p. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.- SCLC, Chis.
c.c.p.- Centro de Derechos Humanos Fray Pedro de la Nada, AC – Ocosingo, Chiapas
c.c.p.- Servicios para la Paz (SERAPAZ) – Ocosingo, Chiapas y México DF
c.c.p. Dr. Raúl Plascencia Villanueva-Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.- México, DF
c.c.p.- Consejo Estatal de Derechos Humanos – Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
c.c.p.- Organismos y redes defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales
c.c.p.- Organismos y redes defensores de los derechos de la naturaleza, nacionales e internacionales
c.c.p. A los medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales
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