Gabinete económico y de seguridad ve “riesgosa” las propuesta de Ley General de Transparencia: Comisionado del IFAI

Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Foto: Cotesía

No desean apertura de expedientes en casos de violaciones graves a los derechos humanos, no desean se difunda “nada que ponga en riesgo la estabilidad económica y financiera” del país, no desean formular y publicar su declaración patrimonial y su declaración de intereses, ni verse obligados a documentar toda su gestión pública.

Estas son algunas de las trabas que altos funcionarios de los gabinetes de Seguridad y Económico del gobierno de México, están poniendo a Senadores del Congreso de la Unión que en estos días deberán resolver los términos en los que quedará aprobada la propuesta de la Ley General de Transparencia, explicó Francisco Javier Acuña Llamas, quien forma parte del cuerpo colegiado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI).

Esta semana, detalló Francisco Acuña, integrantes de la Comisión del Senado que analizan la propuesta de Ley de Transparencia, llevarán a cabo audiencias con organizaciones de la sociedad civil, con consejeros del IFAI y con actores interesados -entre ellos representantes del Banco de México-, con empresarios y con representantes de los gabinetes de seguridad y economía.

De acuerdo a entrevistas que los comisionados del IFAI han tenido con las senadoras encargadas del análisis de Ley -Arely Gómez del PRI, Laura Rojas del PAN y Alejandro Encinas del PRD-, además de otros actores, hay al menos cuatro puntos a debate “de los que depende el futuro de la transparencia en México, que es también el futuro de la democracia”, explicó en entrevista Acuña Llamas.

Están pidiendo representantes del Gabinete de Seguridad -Sedena, Marina, PGR, Segob- que se haga una omisión a la excepción a la reserva cuando se trate de violación grave a los derechos humanos.

Es decir, piden que por ningún motivo se han públicos expedientes de casos como como los de Tlatlaya y Ayotzinapa. “Si se cancelara esa clausula vuelve a imponerse que las averiguaciones previas son intocables y se obstaculizaría proporcionar información sobre casos graves”, refirió el comisionado del IFAI.

Otra traba que está poniendo el sector económico y el gabinete de Economía, es que se amplié la reserva para información que ellos consideren se ponga en riesgo la estabilidad económica y financiera.

Bajo ese esquema –explica Acuña Llamas- cualquier información, a su ver, podría crear especulación y por ejemplo afectar al turismo y la entrada de capital.

Un tercer punto que quieren no se legisle, es en el hecho de que toda la gestión pública tiene que quedar documentada. “Esa es una conquista que no podemos perder porque esa es la única manera de tener archivo y poder demostrar con información veraz y fehaciente todo aquello que se hizo o que se dejó de hacer”.

“Una cosa más que está en debate, porque hay grupos que lo ven como una afrenta, es la propuesta para que servidores públicos -sobre todo los que van a contender para una nueva elección- formulen y publiquen su declaración patrimonial y su declaración de intereses en conflicto por relaciones de trabajo o amistad profunda con actores a los que van a regular”.

Finalmente, estos grupos piden “para no ponerse en tanto aprieto”, que la Ley de Transparencia no sea preferente a otras leyes.

Para el Comisionado del IFAI, lo que está en juego en este momento en que está por definirse los términos en los que habrá de promulgarse la Ley General de Transparencia, es “el futuro de la democracia”.

“Ellos –el gabinete de Seguridad, el Económico e incluso una parte del empresariado- intuyen como riesgosas o inconvenientes el que exista mayor transparencia. Nosotros pensamos exactamente al revés:

“Cuando hay un crisis en la democracia y hay deficiencias en la gestión pública como la que tenemos en México, lo único que puede purgar esas crisis es más democracia. Nosotros creemos que las reformas a la Ley de Transparencia permitirían fortalecer a un país capaz de recibir capitales y flujos financieros estables, capas de tener turismo seguro, y capaz de crear certidumbre en todas sus áreas”, dijo.

La Ley de Transparencia –junto con la Ley general de Archivos y la Ley General de Protección de Datos- fueron propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su gestión, como parte de las reformas estructurales de su gobierno.

Sin embargo sólo en la primera se ha avanzado en su construcción, pero las trabas que han puesto dentro del mismo aparato de gobierno, ha hecho que se incumpla el plazo que tenían marcado para su aprobación y promulgación. Venció el pasado 7 de febrero.

Consejeros del IFAI e integrantes de la sociedad civil como México Infórmate, Fundar, Colectivos para la Transparencia y medios de comunicación, esperan que sea en los próximos días cuando se concluya el proceso legislativo y se apruebe.

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