Caso Mariano Abarca: rumbo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Uriel, el hermano, Mirna, la viuda, y José Luis, hijo de Mariano Abarca Roblero, acribillado a tiros el 27 de noviembre del 2009.

Los familiares del líder de movimiento antiminero en Chiapas, Mariano Abarca Roblero, acribillado a tiros hace cinco años, exigieron justicia al gobierno del estado y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pues los autores materiales del crimen ya están libres y los presuntos autores materiales nunca fueron juzgados. Al tiempo de señalar, que el caso será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Mirna Montejo, sus hijos José Luis Abarca Montejo, Mariano Abarca Montejo y su cuñado Uriel Abarca Roblero, hermano del asesinado hace cinco años, denunciaron que el crimen sigue en la impunidad y que pese a que se les prometió justicia esta nunca llegó ni la vieron.

José Luis Abarca Montejo, hijo del líder acribillado a tiros el viernes 27 de noviembre del 2009, dijo que el asesinato de su padre fue motivado por su lucha contra la empresa minera canadiense Blackfire por su extracción de barita y sus consecuencias sociales y medioambientales en el municipio de Chicomuselo.

Dijo hoy que en los últimos días, enviaron una carta dirigida al presidente de la república Enrique Peña Nieto y al gobernador del estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello, entre otras; así como a las autoridades canadienses, al Ministro de Relaciones Exteriores y al Ministro de Justicia de ese país.

Esta carta fue firmada y enviada por 266 personas y organizaciones provenientes de 27 países, la mayoría de México, Canadá y Francia. También enviaron la misiva organizaciones y personas originarias de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil. Del otro lado del Atlántico enviaron el mismo reclamo personas y organizaciones de España, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Grecia, Eslovaquia, Bosnia y Dinamarca. Voces de India también se sumaron a la petición de justicia por el asesinato de Mariano Abarca Roblero.

En estas cartas se expresó que este 27 de noviembre de 2014 se cumple el quinto aniversario de la muerte de Mariano Abarca Roblero, asesinado por su resistencia contra la minera canadiense Blackfire, por los daños sociales y ambientales que se estaban generando en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.

Y que todos los detenidos y castigados por su muerte tenía una relación con la empresa minera canadiense Blackfire. Jamás se llevó a cabo una investigación plena e imparcial para identificar y castigar a todos los responsables por su muerte. Blackfire también está bajo investigación por corrupción del presidente municipal por haber estado dando pagos directos a su cuenta bancaria personal para que controle la creciente protesta social en contra de sus operaciones. La mina de Blackfire se clausuró después de apenas dos años de operación por daños ambientales.

Pese a que la Embajada de Canadá en México conocía el caso y el inminente riesgo por las amenazas contra Mariano Abarca, no actuó para proteger la vida de Mariano, ni para asegurar que la empresa canadiense no viole las leyes en México ni siquiera las leyes de Canadá – en particular la Acta en Contra de la Corrupción de Funcionarios Públicos (CFPOA por sus siglas en ingles) – sino que se distanció de la investigación, defendió la reputación de la empresa y asesoró a la transnacional sobre cómo podría demandar al estado mexicano a través del Capitulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Esto según el informe Minería Canadiense en México; Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá – Un Caso de Corrupción y Homicidio, producto de una investigación exhaustiva hecha por tres organizaciones canadienses en 2013.

Los procesados por el asesinato de Mariano han sido liberados de la cárcel, mientras las responsabilidades de otras personas vinculadas a la empresa y al estado que pudieron haber sido involucradas en su asesinato nunca fueron investigadas con cabalidad.

Se señaló que por lo menos 13 personas – todas vinculadas con la empresa – deberían de haber sido incluidas en tal investigación. La demanda presentada en la Contraloría del Estado de Chiapas en 2010, contra el entonces presidente municipal de Chicomuselo, por recibir recursos económicos de la empresa canadiense sin comprobar su destino, no ha sido respondida.

En marzo de 2010, nueve organizaciones canadienses interpusieron una queja bajo CFPOA y ante la policía federal de Canadá por corrupción del presidente municipal de Chicomuselo. En julio de 2011 la policía federal canadiense (RCMP por sus siglas en inglés), basado en la evidencia conclusiva presentada, allanó la oficina de Blackfire en Calgary. Pero después de tres años y media la investigación sigue abierta.

Ante esta situación, demandaron hoy respuesta a las autoridades mexicanas y canadienses para ejercer justicia por la muerte de Mariano Abarca Roblero y por corrupción del presidente municipal de Chicomuselo.

Además, exigieron que el gobierno canadiense deje su política de la tal llamada ‘diplomacia económica’ que canaliza 100% del cuerpo diplomático de Canadá para promover los intereses privados y que en su lugar se adopte una política basada en el respeto para los derechos indígenas y humanos, y para la protección de las defensoras y los defensores de sus territorios y el medioambiente.

Exusieron que la policía federal canadiense tiene a mano todo lo necesario para concluir con la investigación de soborno por parte de Blackfire y para mandar sus conclusiones a la oficina del Fiscal de Canadá. Demandamos que esta oficina se pronuncie cuanto antes sobre el caso. Ambos países, Canadá como México, han suscrito instrumentos en materia de Derechos Humanos por lo que exigimos una respuesta de procuración de justicia.

Y que después de cinco años de lucha y de espera, ni la justicia mexicana ni la justicia canadiense ha actuado para que el asesinato de Mariano Abarca no quede impune.

Es por ello que decidieron llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo la familia Abarca Montejo, quienes son apoyados por la Fundación Ambientalista Mariano Abarca Roblero (FAMA), Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos A.C. y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4)

En este contexto no dejaron pasar inadvertido su reclamo de justicia por todos los luchadores y luchadoras sociales encarcelados, asesinados, desaparecidos y reprimidos en nuestro país, incluyendo los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.