Demandan se declare de forma oficial la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Chiapas

Demandan se declare de forma oficial la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Chiapas.

Activistas y organizaciones civiles de la “Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas” denunció el incremento de la violencia de género y la respuesta gubernamental es insuficiente.

En un documento difundido por las activistas y organizaciones civiles señalaron que en el contexto actual de violencia, impunidad y violaciones a los derechos humanos, generalizado en toda la república mexicana y hoy día marcado por la indignante desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la justicia aplicada a la violencia contra las mujeres y el feminicidio es un claro ejemplo de la negligencia y corrupción que predominan en los tres niveles de gobierno.

Señalaron que según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia de género es la principal causa de muerte entre las mujeres de 15 y 44 años en todo el mundo, por encima de las defunciones por cáncer, malaria, accidentes de tráfico o guerras.

Que en el estado de Chiapas, desde inicios de este año hasta la fecha, ha habido 52 muertes violentas de mujeres, de entre las cuales 34 pueden ser consideradas feminicidios. A pesar de estas alarmantes cifras, la intervención del gobierno ante su responsabilidad de protección de las mujeres es totalmente ineficiente.

Explicaron que a pesar de ser México un país firmante de casi todos los convenios y tratados internacionales de prevención, sanción y eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas, la impunidad impera y la actuación gubernamental es de simulación e indiferencia.

Y que pese a que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia conocida como Campo Algodonero, por el feminicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, en la que se exige al Estado mexicano implementar una serie de mecanismos para la prevención, sanción, garantía de no repetición, procuración de justicia y demás reparaciones de daños; los feminicidios y la violencia contra las mujeres no sólo no han cesado sino que se han multiplicado y extendido en otros estados del país.

En el más reciente Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México (TPP-México), en la audiencia temática final Feminicidios y violencias contra la mujer se declaró que “el Estado Mexicano es culpable de los feminicidios y violencias de género, por no garantizar la vida, la dignidad, el trabajo y la libertad de las mujeres”.

Señalaron que son evidentes las violaciones a los derechos de las y los familiares de las víctimas de feminicidio y las tramas de impunidad y corrupción que hay detrás de casos como el de Tatiana Trujillo, quien fue asesinada en 2010 en Ocosingo en manos de su compañero Elmar Darinel Díaz Solórzano, ex diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien continúa en libertad a pesar de que existe una sentencia condenatoria en su contra.

Éste y otros ejemplos, como el del feminicidio de Citlalli de Lourdes Molina Aguilar, asesinada en Tuxtla Gutiérrez en 2013 por su pareja Romeo Poumian Flores, quien actualmente está en libertad por fallas al debido proceso, evidencian la permisividad y complicidad del Estado en los crímenes contra las mujeres.

Según el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de los casos tipificados como feminicidio entre enero de 2012 y septiembre de 2014, sólo el 16% tienen sentencia condenatoria, lo cual tampoco garantiza que el feminicida esté preso.

Destacaron que 10 del total de las 15 sentencias condenan a los agresores a la pena mínima, establecida en 25 años de cárcel, habiendo sólo un precedente de condena máxima, que consiste en 50 años de reclusión.

En ese sentido, la Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas denunció que el Estado Mexicano es culpable de los feminicidios y violencias de género, por no garantizar la vida, la dignidad, el trabajo y la libertad de las mujeres y que la impartición de justicia por parte de los gobiernos mexicano y chiapaneco es de simulación e indiferencia, permitiendo, fomentando y reproduciendo las violencias de género y el feminicidio.

Señalan en su pronunciamiento que es injusta e intolerable la impunidad que impera en la aplicación de dizque justicia en los casos de feminicidio y que es más grave aún para las mujeres indígenas, jóvenes o de bajos recursos.

Denunciaron que Chiapas “no es un estado seguro para las mujeres, pues estamos viviendo un aumento en la violencia de género y la respuesta gubernamental es insuficiente. El gobierno de Chiapas no cumple con la ley en las sentencias condenatorias de casos de feminicidio, siendo excesivamente suavizadas las medidas punitivas aplicadas a los feminicidas, aún en casos con cantidad de agravantes”.

Y que estos argumentos son justificación más que suficiente para que se declare de forma oficial la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Chiapas.

Así mismo, hicieron un llamado a la sociedad civil para que se sume a la Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, en acciones preventivas de la violencia de género, en la exigencia de la inmediata declaración de la Alerta de Violencia de Género y en la lucha por la justicia para víctimas de feminicidio, para sus familiares y para la sociedad en general.