Chiapas: mucha agua y escasa disponibilidad, puertas abiertas a la inversión privada

El agua, finita, limitada e imprescindible para la vida

El agua, finita, limitada e imprescindible para la vida. Foto: Cascadas de Agua Azul/Cortesía Conanp

Se estima que una persona necesita un mínimo de entre 20 y 40 litros diarios para cubrir sus necesidades básicas; en algunos países el gasto de agua por persona llega a ser de 200 litros.

México tiene una disponibilidad de 4, 547 metros cúbicos de agua por habitante al año, lo que representa una situación de disponibilidad “intermedia”, de acuerdo a la Comisión Nacional del agua (Conagua).

En el sureste del país se concentra el 68% de los recursos, aquí vive el 23% de los mexicanos, pero es la región con mayor rezago en el servicio de agua potable, ya que 12 millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable, 24 millones carecen de sistema de alcantarillado, y una cantidad indeterminada se enfrenta cotidianamente a la escasez del recurso, a pesar de contar con la infraestructura.

Servicios insuficientes

En Chiapas están dos de las más importantes regiones hidrológicas del país: la de la Costa y la del Grijalva-Usumacinta. A pesar de esta disponibilidad, 7 de cada diez personas no tiene acceso al agua potable y saneamiento, lo que provoca un desequilibrio social.

Un ejemplo de la problemática que se deriva de la falta del liquido, se da en municipios como Huixtán, Oxchuc, Chanal, Tenejapa y san Juan Cancúc, donde al menos una tercera parte de la población, padece enfermedades derivadas de la falta de saneamiento.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), menos del 50% de la población en Chiapas puede abastecerse de agua , debido al alto costo de llevar el líquido a las zonas Sierra y Altos, donde se asientan las comunidades de mayor pobreza en el estado y la nación.

De forma paralela, las cuencas hidrológica tiene problemas de azolve y contaminación, producto de la deforestación de las zonas altas y del uso de agroquímicos.

Cifras del Consejo Nacional de Población, indica que del 50% de la población que tiene acceso al recurso, sólo en la mitad de los casos la toma se encuentra en el interior de las viviendas; es decir, únicamente el 26% de las viviendas de Chiapas, cuenta con agua entubada.

Aunado a ello, señala el Consejo que entre 40 y 50 por ciento del agua se desperdicia en fugas por la deficiente red hidráulica.

Ciudadanos se oponen a la concesión del servicio de distribución de agua potable, a la iniciativa privada. Foto: Cortesía Moviac Chiapas

La inversión privada

El artículo 27 Constitucional establece que el agua es propiedad de la nación, pero también abre la posibilidad de la inversión privada. Establece que sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización, y las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.

Durante el pasado Foro sobre el agua, que se llevó a cabo en la capital de Chiapas, especialistas explicaron que existen actualmente programas de infraestructura impulsados en el país por el Banco Mundial y sus socios multinacionales -como el caso de Infraestructure Investment Fund-  quienes buscan atraer la inversión privada, sobre todo en el tratamiento y distribución del recurso.

Estos organismos condicionan apoyos a los gobiernos , a cambio de que abran sus servicios a la privatización.

El Programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), refiere que hay una tendencia importante en la transferencia parcial o completa en los servicios del líquido, del sector público a entidades descentralizadas, tanto públicas como privadas, especialmente en el caso del agua potable, la recolección y saneamiento del urbano de aguas residuales.

Formas de privatización

Especialistas como la organización alemana Pan Para el Mundo, en el estudio Privatización del Agua en América Latina,  define tres formas en que se presenta la privatización.

La primera implica la venta pura y simple de los gobiernos al sector privado, de los servicios de tratamiento y suministro de agua.

La segunda consiste en la concesión de los gobiernos de licencias de explotación del suministro, mientras que la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema de suministro corre a cargo de empresas concesionarias, que a su vez cobran a los ciudadanos el servicio más un suplemento como beneficio de explotación.

Con el tercer modelo los gobiernos contratan a una empresa para que gestione el suministro del recurso a cambio de un costo administrativo.

El proyecto de consecionamiento de Tuxtla Gutiérrez, se ubica en el segundo modelo.

Los riesgo del concesionar el servicio

El organismo detalla que las experiencias en México han dejado como resultado que las empresas concesionarias no muestran mucho interés en invertir en la red de tubería para agua potable y drenaje; no prestan un mejor servicio, pero aumentan las tarifas.

A la par, carecen de interés en invertir en poblaciones pequeñas, porque ahí no tienen perspectivas de obtener ganancias.

Advierte que entre los riesgos que implica la inversión privada en el servicio, está que el control de los recursos hidráulicos pase gradualmente del sector público al privado, en los casos de concesión total de servicios, y se consideren propietarios del agua, cuando solamente son intermediarios.

Estados como el Distrito Federal, Saltillo, Aguascalientes, Cancún, Puerto Vallarta y Puebla, se dieron las concesiones, en medio de irregularidades como la falta de licitación, y el establecimiento de contratos por hasta 30 años. En el contrato se establecieron incrementos graduales de las tarifas.

Especialistas que coincidieron en el Foro del Agua coinciden en que el escenario de Chiapas en el proyecto de consecionamiento del Sistema Municipal de Agua Potable de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA), coincide con el panorama anterior.